La consulta de la JUFED ante la nueva Corte, escribe Melissa Ayala

El texto de Melissa Ayala, publicado el 18 de Enero del 2026, analiza la Consulta a Trámite 13/2024 de la Suprema Corte, un caso que, aunque menos visible que otras decisiones, tiene un impacto significativo en la dirección institucional. La consulta fue iniciada por miembros de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (JUFED), quienes buscaban claridad sobre la interpretación de los artículos 94 y 127 constitucionales en relación con las remuneraciones tras una reforma judicial.

La Suprema Corte no abordó el fondo de la solicitud de la JUFED porque consideró que la vía procesal no era la adecuada, al ser la pretensión anticipada y abstracta.

📝 Puntos clave

• La Consulta a Trámite 13/2024 se originó por una solicitud de la JUFED.
• Se buscaba determinar si la reforma judicial permitía reducir salarios o eliminar prestaciones a miembros del Poder Judicial de la Federación.

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• El proyecto de la ministra Loretta Ortiz no entró al fondo por considerar la vía procesal improcedente.
• La Corte argumentó que no puede pronunciarse sobre escenarios hipotéticos y que su facultad para resolver controversias internas se limita a conflictos reales.
• La consulta fue declarada sin materia, devolviéndola a la Presidencia de la Corte.
• El texto señala que la decisión, aunque jurídicamente defendible, es políticamente significativa al posponer la discusión sobre las condiciones materiales de la independencia judicial.

🤖 Análisis con IA

Dice IA en modo pesimista:

Lo más negativo del texto es la decisión de la Suprema Corte de no abordar la solicitud de la JUFED, declarándola sin materia. Esto deja a los miembros del Poder Judicial de la Federación en un estado de incertidumbre y vulnerabilidad ante posibles reducciones de salario o eliminación de prestaciones, especialmente en un contexto de reforma y debate político sobre el Poder Judicial. La negativa a abrir un cauce procesal para discutir las condiciones materiales de la independencia judicial pospone el conflicto para un momento en que el daño, si ocurre, ya podría estar consumado, y la intervención de la Corte sería reactiva en lugar de preventiva.

Dice IA en modo optimista:

Lo más positivo del texto es la coherencia metodológica y la cautela jurídica del proyecto de la ministra Loretta Ortiz. La Suprema Corte, al no pronunciarse sobre el fondo, se apega a su jurisprudencia y evita intervenir en escenarios hipotéticos o preventivos, reservando su facultad para resolver conflictos reales y concretos. Esta postura, aunque políticamente significativa, demuestra un respeto por los procedimientos establecidos y una decisión jurídicamente defendible, permitiendo que la discusión sobre las condiciones materiales de la independencia judicial se aborde cuando exista un acto de aplicación del presupuesto o una reducción efectiva de remuneraciones.