Campañas sin punch -y sin dinero-

Este texto de Giovanni Hernández, escrito el 16 de enero de 2025, analiza las dificultades que enfrentan las campañas para la renovación parcial del Poder Judicial de la Federación en México, debido a la legislación restrictiva en materia de financiamiento. Un dato importante a destacar es que: > las candidaturas solo disponen de 220,000 pesos para gastos de campaña durante 60 días, lo que dificulta enormemente su promoción.

Resumen:

• El proceso electoral para la renovación parcial del Poder Judicial de la Federación está en marcha, con el INE recibiendo las listas de candidaturas el 12 de febrero.
• La legislación electoral para estas elecciones presenta contradicciones e inviabilidades, especialmente en cuanto al financiamiento de las campañas.

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• Se prohíbe el financiamiento público y privado, limitando los gastos de campaña a 220,000 pesos por candidato, considerados "gastos personales".
• Esta cantidad resulta insuficiente, especialmente para candidaturas a nivel nacional, dificultando los traslados y la promoción.
• La poca presencia mediática de los candidatos se agrava por la premura del proceso electoral y la falta de tiempo para darse a conocer.
• El INE decidió un modelo de acceso a radio y televisión que no incluye spots publicitarios de los candidatos, sino un micrositio web.
• La falta de financiamiento abre la puerta al financiamiento ilegal y a la participación de organizaciones criminales.
• Se espera que los foros de discusión y difusión organizados por el INE y los medios de comunicación ayuden a dar a conocer a los candidatos.

Conclusión:

• El modelo de financiamiento para las campañas del Poder Judicial de la Federación es deficiente y genera incertidumbre.
• La limitación de recursos económicos dificulta enormemente la promoción de las candidaturas y la participación ciudadana informada.
• La falta de financiamiento incrementa el riesgo de financiamiento ilegal y la influencia de actores externos.
• Se requiere una revisión urgente de la legislación para garantizar la equidad y transparencia en el proceso electoral.