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Este texto de Alberto Aguirre, escrito el 14 de enero de 2025, analiza los desafíos logísticos y legales que enfrenta el INE (Instituto Nacional Electoral) para organizar las elecciones de jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial de la Federación. Se destaca la complejidad del proceso y la insuficiencia de recursos para llevarlo a cabo.

El INE deberá afrontar el proceso electoral más complicado de su historia, a 137 días de la jornada comicial, con una insuficiencia presupuestal todavía no resuelta.

Resumen

• Comenzará el torbellino de propaganda electoral dentro de un mes, con 48 minutos de programación reservada para promocionales en radio y televisión, lo que equivale a 96 spots si se utiliza el formato tradicional.
• La campaña para los cargos elegibles en el Poder Judicial de la Federación será concurrente con las elecciones locales en Durango y Veracruz, iniciando el 10 de febrero y concluyendo el 1 de junio (16 semanas).
• Se espera que participen más de 5,374 candidatos, pero solo se podrán emitir poco más de 5,700 spots debido a las limitaciones del formato.
• Los mensajes serán genéricos, sin promoción individual de candidatos, y se enfocarán en información básica sobre el proceso electoral a través del micrositio "Conóceles" del INE.
• La consejera Claudia Zavala propuso sin éxito que los partidos políticos cedieran sus tiempos oficiales y que el gobierno federal suspendiera su propaganda para ampliar la información ciudadana.
• La atipicidad de estos comicios obliga a un pautado estatal y a la distribución de tiempos según circuitos judiciales y circunscripciones federales.
• La aplicación del modelo de comunicación de la legislación vigente es técnicamente y jurídicamente imposible. Se desconoce la duración y formato de los mensajes, así como el formato de los debates.
• Los consejeros electorales definieron las reglas para los encuestadores, pero omitieron definir el procedimiento sancionador.

Conclusión

• El proceso electoral para el Poder Judicial de la Federación presenta desafíos significativos debido a limitaciones presupuestales y normativas.
• La falta de recursos y la imposibilidad de adaptar la legislación vigente generan incertidumbre sobre la efectividad de la campaña informativa.
• La omisión en la definición de procedimientos sancionadores para los encuestadores representa una debilidad en la regulación del proceso.
• La falta de espacios publicitarios para los candidatos individuales podría afectar la transparencia y la participación ciudadana informada.