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El caso de María Amparo Casar es presentado como un método de persecución política perfeccionado, utilizando el aparato judicial para castigar a críticos.
Los convenios permiten a la FIFA modificar unilateralmente las obligaciones de las sedes mexicanas y exigen a México renunciar a litigar en tribunales mexicanos, exponiendo bienes del gobierno a decomisos en el extranjero.
El Plan Nacional contra la Extorsión pone a prueba la capacidad de las fiscalías estatales para investigar delitos de oficio, eliminando la excusa de la falta de denuncias.
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El caso de María Amparo Casar es presentado como un método de persecución política perfeccionado, utilizando el aparato judicial para castigar a críticos.
Los convenios permiten a la FIFA modificar unilateralmente las obligaciones de las sedes mexicanas y exigen a México renunciar a litigar en tribunales mexicanos, exponiendo bienes del gobierno a decomisos en el extranjero.
El Plan Nacional contra la Extorsión pone a prueba la capacidad de las fiscalías estatales para investigar delitos de oficio, eliminando la excusa de la falta de denuncias.