Este texto, escrito por Lourdes Mendoza el 6 de septiembre de 2024, expone una serie de irregularidades y abusos dentro de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), particularmente en relación con la próxima directora general, Emilia Calleja, y su mano derecha, Adrián Olvera.

Resumen

  • Adrián Olvera es acusado de ser un violentador físico y sexual de mujeres, así como acosador laboral. Se mencionan casos específicos de violencia física y amenazas a las víctimas, quienes se ven obligadas a guardar silencio por miedo a represalias.
  • Olvera también es señalado por manejos turbios en arbitrajes internacionales relacionados con la CFE.
  • Olvera contrató a Ricardo Cerritos Jaso, esposo de Emilia Calleja, en un puesto de alto rango dentro de la CFE, a pesar de que Cerritos Jaso no cuenta con experiencia en la empresa. Esta acción se considera nepotismo y genera preocupación por la falta de transparencia y meritocracia en la CFE.
  • Daniel Gaytán, encargado de la Coordinación de Monitoreo y Análisis Operativo de Energéticos, ha quitado sin justificación los estímulos económicos a los trabajadores de confianza, violando el Reglamento de Personal de Confianza de Mandos Medios y Operativos de la CFE.
  • Los trabajadores afectados han presentado quejas ante la CFE y la Secretaría del Trabajo, pero no han recibido respuesta.
  • Se critica la falta de acción por parte de la dirección de la CFE para resolver estas situaciones, mientras se enfocan en otros asuntos como el escándalo de los terrenos en el Caribe mexicano.
  • Se hace un llamado a la próxima directora general, Emilia Calleja, para que tome medidas y no ratifique a Adrián Olvera en su puesto, con el fin de crear un ambiente laboral incluyente y seguro para todos los empleados, especialmente para las mujeres.
Sección: Economía

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La organización Artículo 19 contabiliza 170 periodistas asesinados entre 2000 y 2025.

El rancho Izaguirre estaba en manos de la FGE desde septiembre de 2024 sin que se detectaran los restos.

Un dato importante es la estimación de que las víctimas en el Rancho Izaguirre podrían ascender hasta 200 personas.

Un dato importante es la denuncia de que desde agosto de 2019, la Defensa alertó a los gobiernos de Jalisco y federal sobre las actividades en Teuchitlán.