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El texto de Maricarmen Cortes del 23 de septiembre de 2024 analiza la decisión del gobierno mexicano de impugnar el fallo del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), que condena al país a pagar 37.1 millones de dólares a la empresa Odyssey Marine Exploration. El texto explora las implicaciones de este caso en el contexto de la política económica y judicial mexicana.

Resumen

• El caso se originó en 2016 cuando la Semarnat negó a Odyssey Marine Exploration la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) para un proyecto de dragado de arenas fosfóricas negras en el yacimiento Don Diego en el Golfo de Ulloa, Baja California Sur.
• El litigio se extendió a través de los sexenios de Peña Nieto y López Obrador, y continuará bajo el gobierno de Claudia Sheinbaum.
• El arbitraje se inició bajo las reglas del TLC antes de su transformación en T-MEC.

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• El caso involucra a Alonso Ancira, expresidente de Altos Hornos de México, y Diego Fernández de Cevallos, quienes son mencionados como socios del proyecto Don Diego.
• La Secretaría de Economía argumenta que la negación de la MIA se basó en el impacto ambiental del proyecto y la falta de experiencia de la empresa en el sector minero.
• El fallo del Ciadi fue adverso a México debido al testimonio de dos exfuncionarios de Semarnat, quienes alegaron que la negación de la MIA se debió a razones políticas.
• La reforma judicial podría aumentar los litigios internacionales contra el gobierno mexicano.
• Marcelo Ebrard, próximo secretario de Economía, busca mitigar la incertidumbre en el sector privado tras la reforma judicial.
• Vidal Llerenas, probable subsecretario de Economía, habló sobre las oportunidades del nearshoring y la integración de empresas, principalmente pymes.
• Rogelio Ramírez de la O, secretario de Hacienda, ha generado incertidumbre por rumores de su renuncia. Claudia Sheinbaum tuvo que aclarar que se mantiene en su puesto.

Conclusión

El texto de Maricarmen Cortes destaca la complejidad del caso Odyssey Marine Exploration y sus implicaciones para la política económica y judicial mexicana. El gobierno mexicano enfrenta un desafío en la gestión de las relaciones con las empresas internacionales, especialmente en el contexto de la reforma judicial y la creciente incertidumbre en el sector privado.