El texto de Alejandro Espinosa Yáñez del 22 de septiembre de 2024 analiza la reforma a la ley de pueblos originarios y afromexicanos aprobada en el Congreso de la Unión, destacando sus implicaciones y desafíos.
Resumen
La reforma, aprobada con 492 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, busca garantizar jurídicamente el reconocimiento a los pueblos originarios como sujetos de derechos públicos, con personalidad jurídica y patrimonio propio.
Se retoman los Acuerdos de San Andrés Larráinzar en el Artículo 2º de la Carta Magna, reconociendo las lenguas indígenas como lenguas oficiales de México.
La reforma establece que los pueblos originarios tomarán decisiones con sustento en sus mecanismos para la toma de decisiones, con las formas propias de gobierno que se han dado las comunidades indígenas y con un presupuesto que será ejercido directamente en las comunidades.
Juan Ramiro Robledo Ruiz (Morena), presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, la describe como "una proclamación de derechos de los pueblos y comunidades indígenas, para reconocer su libre autodeterminación".
Irma Juan Carlos, presidenta de la Comisión de Pueblos Indígenas en el Congreso de la Unión, la considera un hecho de justicia para el 20% de la población mexicana, que es el porcentaje de población indígena en México.
Zósimo Hernández, investigador, la califica como "un avance formal", pero advierte que no servirá de mucho si no se resuelven otros asuntos.
La Encuesta Nacional sobre Discriminación (Enadis 2022) revela que la población indígena señala que sus derechos se respetan poco (mujeres, 40.8%, hombres, 35.7%).
La Enadis 2022 también indica que los indígenas se dicen poco valorados por la mayoría de la gente (71.5%) y que valoran poco seguir estudiando (42.7%).
La población afrodescendiente considera que la mayoría de la gente los ubica como extranjeros (51.4%) y que un 34.5% señala que para lo que son buenos es para el trabajo físico.
El informe El derecho a la educación de la población indígena de México. Ciclo 2021-2022, elaborado por la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (Mejoredu), destaca el peso del analfabetismo y de la educación trunca en la población indígena.
Las tasas de analfabetismo más altas se concentran en los mazahuas (39.2%), otomí (34.5) y matlatzinca (27.9%).
En 20 años, la escolaridad promedio de la población indígena sólo mejoró 2.2 grados, al pasar de cuarto grado de escolaridad en 2000, a 6.2 grados para 2020, mientras en el resto de la población pasó de 7.7 a 10 años en promedio.
Silvia Schmelkes, consejera del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), apuntaba en 2019 que el analfabetismo en población indígena era de 23%.
La población indígena y la hablante de lengua indígena registraron un menor nivel de escolaridad media, así como una mayor tasa de analfabetismo (23% frente a
