El texto de Oliver Galindo, escrito el 17 de septiembre de 2024, analiza las consecuencias de la reforma al Poder Judicial impulsada por el partido Morena y sus aliados. El autor expone los riesgos que esta reforma representa para el sistema judicial mexicano y para la sociedad en general.
Resumen
Paro de labores prolongado: Se prevé una suspensión de labores desordenada en el Poder Judicial, que podría prolongarse hasta después de la primera elección de jueces, ministros y magistrados. La falta de consenso entre los juzgadores sobre la conveniencia de mantener los órganos judiciales cerrados podría generar un paro total o parcial, lo que provocaría un rezago en los procesos judiciales e inseguridad jurídica.
Éxodo de trabajadores: Se está produciendo una salida masiva de trabajadores en todos los niveles del Poder Judicial. Muchos temen perder prestaciones debido a la extinción de fideicomisos y el ajuste de sueldos hacia abajo. El éxodo de trabajadores ya es un hecho, y la salida de magistrados y jueces está dejando plazas vacantes que tardarán en ser ocupadas.
Crisis constitucional: La votación de la reforma se llevó a cabo ignorando dos suspensiones dictadas por jueces de distrito. Las impugnaciones por parte de particulares, partidos políticos y órganos autónomos podrían llevar a la Suprema Corte a determinar la legitimidad del procedimiento de reforma constitucional. Si se declara su inconstitucionalidad, la Dra. Sheinbaum podría enfrentar la decisión de ejecutar la reforma mediante el uso de la fuerza pública, lo que podría derivar en enfrentamientos sociales y daños a la infraestructura judicial.
Relevo caótico: La transición hacia un nuevo sistema judicial será caótica, con la posibilidad de que los jueces salientes no entreguen sus tribunales de manera cordial. Se prevé la pérdida de expedientes y la inexperiencia de los nuevos funcionarios, especialmente si accedieron a sus cargos por azar en lugar de por mérito profesional.
Conclusión
La reforma al Poder Judicial es regresiva y tendrá un costo altísimo para el país. A pesar de la prisa de López Obrador por implementarla, la situación es compleja y aún queda un capítulo final por escribirse. La relación deteriorada entre el gobierno saliente y los Estados Unidos podría agravarse con la reforma judicial, lo que representa un grave problema para la nueva presidenta. El pragmatismo estadounidense demandará garantías para sus inversiones, y los discursos de campaña no serán suficientes para satisfacer sus demandas.
