El salto al vacío del Poder Judicial

Este texto de Viri Ríos, fechado el 1 de septiembre de 2025, analiza el inicio de una nueva era en el Poder Judicial de México, tras la implementación de la elección popular de sus integrantes. La autora argumenta que, si bien el cambio es trascendental, no debe simplificarse como un mero control de Morena, sino que se trata de un experimento institucional complejo con resultados inciertos.

La elección judicial fue un ejercicio desordenado, caótico y un tanto anárquico en el que múltiples facciones e intereses se confrontaron y ganaron distintos espacios.

📝 Puntos clave

• El Poder Judicial de México inicia una nueva etapa con la elección popular de sus integrantes.
• Viri Ríos rechaza la idea de que Morena tenga control absoluto sobre el proceso.

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• La inexperiencia y las dificultades operativas impidieron que Morena controlara completamente la elección.
• La ambición de Morena de cambiarlo todo radicalmente resultó en que no pudiera controlar al Poder Judicial entrante.
• La selección aleatoria de perfiles permitió la elección de personas sin afiliación a Morena.
• La vigilancia ciudadana es crucial para el éxito de la reforma judicial.
• Se exige transparencia y rendición de cuentas al nuevo Poder Judicial.

Lo malo y lo bueno 👎👍

¿Cuál es el principal riesgo o aspecto negativo que señala el texto sobre la reforma judicial?

El principal riesgo es la falta de control de Morena sobre el Poder Judicial entrante, lo que genera incertidumbre y un escenario desconocido. La multiplicidad de intereses y la selección aleatoria de perfiles podrían llevar a resultados inesperados y a la dificultad de implementar la reforma de manera efectiva.

¿Cuál es el aspecto positivo o la oportunidad que destaca el texto sobre la reforma judicial?

La oportunidad reside en la vigilancia ciudadana y la exigencia de transparencia al Poder Judicial. La reforma, al no estar completamente controlada por Morena, abre la posibilidad de que funcionarios de carrera honestos y preparados puedan influir en el proceso y garantizar un acceso real a la justicia, siempre y cuando la ciudadanía se involucre activamente en la rendición de cuentas.