Justicia climática: México contra las cuerdas

Este texto, escrito por el Experto Nacional el 6 de Agosto de 2025, analiza la opinión consultiva emitida por la Corte Internacional de Justicia (CIJ) sobre las obligaciones de los Estados frente al cambio climático y su impacto en México.

La CIJ dictaminó que no proteger el clima puede ser un "acto internacionalmente ilícito" y que la reducción de emisiones es una obligación legal.

📝 Puntos clave

• En 2019, estudiantes de Fiyi iniciaron un proceso que culminó con la opinión consultiva de la CIJ el 24 de julio de 2025.
• La CIJ reafirmó el límite de calentamiento global a 1.5 °C como meta vinculante y extendió la obligación de proteger el clima a todos los países, incluso los no firmantes del Acuerdo de París.

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• La cooperación internacional debe incluir financiamiento, transferencia de tecnología y construcción de capacidades para los países más vulnerables.
• México, como duodécimo emisor mundial y país vulnerable, debe elevar su ambición climática y adaptarse al cambio climático.
• Inversiones en combustibles fósiles podrían considerarse ilícitas si contravienen la obligación de reducir emisiones.
• La opinión de la CIJ está siendo utilizada en litigios climáticos a nivel global, incluyendo posibles demandas en México contra la refinería en Dos Bocas y la CFE.
• Aunque no vinculante, la opinión de la CIJ tiene un gran peso moral y jurídico, transformando la crisis climática en una obligación legal.

Lo malo y lo bueno 👎👍

¿Qué aspectos negativos se pueden identificar en el texto en relación con la situación de México frente al dictamen de la CIJ?

Respuesta: El texto critica la falta de ambición de México en sus contribuciones climáticas y su apuesta por los combustibles fósiles, lo que podría considerarse un acto ilícito a la luz de la opinión de la CIJ.

¿Qué oportunidades o aspectos positivos presenta el dictamen de la CIJ para México, según el texto?

Respuesta: El dictamen de la CIJ ofrece a México la oportunidad de ajustar su política energética, revisar sus planes nacionales y entender que la justicia climática es una exigencia de derechos humanos, abriendo la puerta a litigios climáticos y mayor responsabilidad por parte del Estado y las empresas.