Defender a los pobres, el gran negocio para dejar de serlo

El texto de Eduardo Ruiz-Healy, publicado el 28 de agosto de 2025, analiza los ingresos del senador Gerardo Fernández Noroña, tanto por su labor legislativa como por sus actividades en redes sociales. El autor cuestiona la ética de que un servidor público obtenga ingresos significativos de sus seguidores, especialmente cuando se presenta como defensor de los desposeídos.

Gerardo Fernández Noroña ha ganado más dinero por sus actividades en redes sociales que como legislador.

📝 Puntos clave

• Gerardo Fernández Noroña ha sido legislador federal en tres ocasiones desde 2009 y actualmente es presidente del Senado.
• Sus ingresos legislativos totales ascienden a aproximadamente 13.6 millones de pesos.

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• En 2022, declaró 2.68 millones de pesos por sus "videocharlas" en YouTube y Facebook, superando su salario legislativo mensual.
• Se estima que entre 2020 y 2025, Noroña obtuvo entre 10 y 18 millones de pesos de sus seguidores a través de superchats, donaciones y membresías.
• Aunque legal, la práctica de obtener ingresos significativos de los seguidores plantea cuestionamientos éticos sobre la representación y la priorización de intereses.
• El autor critica la contradicción entre el discurso de Noroña como defensor de los pobres y su enriquecimiento a través de las contribuciones de ciudadanos comunes.

Lo malo y lo bueno 👎👍

¿Cuál es el aspecto más negativo que se destaca en el texto sobre Gerardo Fernández Noroña?

La contradicción entre su discurso como defensor de los desposeídos y el hecho de que se enriquezca a través de las contribuciones de ciudadanos comunes, muchos de los cuales apenas tienen lo suficiente para vivir. Esto erosiona la confianza en las instituciones y plantea dudas sobre a quién realmente representa: a los ciudadanos o a sus aportantes más fieles.

¿Qué aspecto positivo, si lo hay, se menciona sobre las actividades de Gerardo Fernández Noroña?

Se reconoce que sus actividades son legales, ya que declara sus ingresos y no utiliza recursos públicos para obtenerlos. Sin embargo, el autor enfatiza que la legalidad no siempre implica ética.