Justicia sin litigio, la gran oportunidad de los congresos para liberar a los tribunales

El texto escrito por Angel Duran el 20 de Agosto del 2025, analiza el estado actual de la implementación de la Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en México, aprobada en enero de 2024. El autor destaca la importancia de que los congresos estatales armonicen su marco normativo para completar el sistema nacional de justicia alternativa.

La implementación completa de la Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias depende de la acción de los congresos estatales.

📝 Puntos clave

• En enero de 2024, México aprobó la Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias como respuesta a la demanda social de un sistema de justicia más ágil y accesible.
• La ley busca despresurizar los tribunales y promover una cultura del acuerdo a través de la conciliación, mediación y diálogo directo.

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• El Congreso de la Unión cumplió al emitir la ley general, pero la implementación depende de que los congresos estatales armonicen sus leyes.
• Se otorgó un plazo de un año para que las legislaturas locales adecuaran sus leyes, pero algunas entidades no han actuado con la urgencia necesaria.
• La implementación completa del sistema beneficiaría a los tribunales estatales, facilitadores certificados y ciudadanos al ofrecer soluciones rápidas y pacíficas.
• El autor hace un llamado urgente a los congresos estatales para completar el sistema y cumplir con la sociedad.

Lo malo y lo bueno 👎👍

¿Cuál es el principal riesgo si los congresos estatales no implementan la ley de manera efectiva?

La falta de armonización por parte de los congresos estatales resultaría en un sistema nacional de justicia alternativa incompleto, fragmentado y desigual, limitando el acceso a soluciones rápidas y pacíficas para los ciudadanos.

¿Cuál es el principal beneficio de que los congresos estatales implementen la ley de manera efectiva?

La implementación efectiva por parte de los congresos estatales permitiría la construcción de un México más justo, donde el acceso a la justicia no se limite a los tribunales, sino que se abra a la palabra, al acuerdo y a la reconciliación, beneficiando a los tribunales, facilitadores y ciudadanos.