Legado de la Corte en Chichén Itzá

El texto de Carlos Marín, fechado el 18 de agosto de 2025, reflexiona sobre las últimas acciones de la Suprema Corte y el Poder Judicial antes de su virtual extinción, destacando una resolución que podría beneficiar a las víctimas de la ineficiencia y corrupción en las fiscalías. El autor señala que esta resolución, aunque positiva, surge en un contexto de crisis del sistema de justicia, ejemplificada por el caso Mayaland en la zona turística de Chichén Itzá.

La resolución sobre la responsabilidad patrimonial del Estado por la ineficiencia del Ministerio Público podría ser la última decisión trascendente de la Suprema Corte antes de su reestructuración.

📝 Puntos clave

• La Suprema Corte y el Poder Judicial están a punto de desaparecer en su forma actual.
• Una de las últimas resoluciones de la Corte establece la responsabilidad patrimonial del Estado por la actividad irregular del Ministerio Público en la integración de averiguaciones previas.

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• El retardo injustificado en la investigación de un delito se considera una actividad administrativa irregular que daña los derechos de las víctimas.
• El caso Mayaland en Chichén Itzá ejemplifica la crisis del sistema de justicia, con corrupción, abuso de poder y violaciones a los derechos fundamentales.
• La resolución de la Corte podría vitalizar la defensa de casos como el de Mayaland, impactando positivamente al sector turístico.

Lo malo y lo bueno 👎👍

¿Cuál es el aspecto más negativo que se desprende del texto?

La inminente extinción del Poder Judicial y la Suprema Corte tal como los conocemos, junto con la descripción de la corrupción y el abuso de poder en el sistema de justicia, especialmente ejemplificado en el caso Mayaland, genera una profunda preocupación sobre el futuro de la justicia en México. La falta de confianza en las instituciones y la impunidad son problemas graves que socavan el estado de derecho.

¿Cuál es el aspecto más positivo que se desprende del texto?

La resolución de la Suprema Corte sobre la responsabilidad patrimonial del Estado por la ineficiencia del Ministerio Público representa una oportunidad para que las víctimas de la corrupción y la negligencia en las fiscalías puedan obtener reparación por los daños sufridos. Esta decisión, aunque tardía, podría sentar un precedente importante para mejorar el acceso a la justicia y responsabilizar a las autoridades por sus acciones.