Vigilantes sin vigías

El texto de Jesús Silva-Herzog Márquez, publicado en Reforma el 7 de julio de 2025, reflexiona sobre el equilibrio entre la necesidad de fortalecer al Estado para combatir el crimen organizado y la importancia de proteger las libertades civiles y evitar el abuso de poder. El autor toma como punto de partida el trabajo de Michael Ignatieff sobre la ética en tiempos del terrorismo para analizar las reformas recientes en materia de seguridad en México.

Un dato importante es la crítica a la falta de mecanismos de control sobre el poder estatal reforzado, lo que podría derivar en abusos y la erosión de las libertades civiles.

📝 Puntos clave

• El autor se basa en el trabajo de Michael Ignatieff sobre la ética en tiempos del terrorismo para analizar la situación en México.
• Reconoce la necesidad de fortalecer al Estado para combatir al crimen organizado, dada su fuerza territorial, militar, económica y política.

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• Describe las reformas recientes que consolidan la militarización, el rastreo de la población y la coordinación entre autoridades.
• Critica la ausencia de mecanismos de vigilancia sobre quienes ejercen el poder, lo que podría llevar a abusos.
• Advierte que la nueva estructura de seguridad forma parte de un régimen autoritario que ha eliminado los contrapesos institucionales.
• Menciona la desaparición de la Comisión de Derechos Humanos como órgano autónomo y la falta de un órgano independiente para proteger los datos personales.

Lo malo y lo bueno 👎👍

¿Cuál es el principal riesgo que identifica el autor en las reformas de seguridad?

El principal riesgo es la falta de vigilancia sobre el poder estatal reforzado, lo que podría llevar a abusos, violaciones de derechos humanos y la consolidación de un régimen autoritario sin contrapesos. La confianza en la probidad de los funcionarios no es suficiente para garantizar la protección de las libertades civiles.

¿Qué aspecto positivo reconoce el autor en la discusión sobre el fortalecimiento del Estado?

El autor reconoce la necesidad de fortalecer al Estado para combatir al crimen organizado, dada su fuerza y presencia en el país. Admite que, ante la gravedad de la situación, es necesario dotar al Estado de instrumentos legales, herramientas administrativas, coordinación política y recursos presupuestales para enfrentar al crimen.