Un equilibrio necesario

El texto de Eduardo Blanco, publicado el 25 de Julio de 2025 en El Universal, analiza la reciente resolución del TEPJF sobre violencia política en razón de género (VPG) y cuestiona si el problema radica en la interpretación judicial o en el diseño del sistema jurídico electoral. El autor argumenta que la legislación actual no distingue entre quienes ejercen el poder y quienes critican desde la ciudadanía, lo que podría inhibir la crítica legítima y erosionar la democracia deliberativa.

La legislación vigente permite que cualquier crítica pública, incluso si es emitida desde una cuenta personal, sea calificada como violencia política en razón de género.

📝 Puntos clave

• El TEPJF declaró culpable a una ciudadana por VPG contra una diputada federal por un tuit.
• La legislación actual no diferencia entre funcionarios públicos y ciudadanos que critican.

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• Cualquier crítica pública puede ser considerada VPG, incluso desde cuentas personales.
• Esto podría inhibir la crítica legítima a funcionarios públicos y erosionar la democracia deliberativa.
• El autor propone una reforma legal que incorpore criterios diferenciales para sancionar a quienes ejercen poder y a quienes opinan desde un ámbito personal.
• El Congreso tiene el desafío de garantizar la protección contra la VPG sin silenciar a la ciudadanía.

Lo malo y lo bueno 👎👍

¿Cuál es el aspecto más preocupante que señala el artículo?

La posibilidad de que la legislación sobre VPG, diseñada para proteger a las mujeres en la política, se utilice para silenciar la crítica ciudadana y limitar la libertad de expresión, erosionando así los principios de una democracia deliberativa.

¿Cuál es la propuesta principal del autor para mejorar la situación?

Una reforma legal que establezca criterios diferenciados para sancionar a quienes ejercen el poder institucionalizado y buscan obstaculizar el ejercicio del cargo de una mujer, de aquellos ciudadanos que simplemente expresan sus opiniones, con o sin razón, desde un ámbito personal. Esto busca equilibrar la protección de las mujeres en la política con el derecho a la libertad de expresión.