La infancia debe ser prioridad en el nuevo sistema judicial

El texto de Annayancy Varas, fechado el 3 de junio de 2025, analiza las implicaciones de la reciente reforma judicial en México, específicamente la elección popular de jueces, magistrados y ministros, y su impacto potencial en la impartición de justicia, especialmente en lo que respecta a los derechos de la infancia.

La elección popular de jueces, magistrados y ministros en México representa un cambio significativo en el sistema judicial.

📝 Puntos clave

• En 2024, se reformó la Constitución para permitir la elección popular de jueces, magistrados y ministros en México.
• La elección se llevó a cabo el 1 de junio de 2025, con una participación del 13% del padrón electoral.

• Publicidad
• Los electos tomarán protesta ante el Senado de la República el 1 de septiembre de 2025.
• La autora destaca la preocupación por la posible influencia de los poderes Ejecutivo y Legislativo en las decisiones de los nuevos jueces.
• Se enfatiza la necesidad de fortalecer la carrera judicial y garantizar una justicia de calidad.
• Early Institute expresa su preocupación por las posturas de la SCJN en materia de defensa del derecho a la vida desde la concepción.
• Se espera que la nueva conformación judicial promueva la protección integral y el interés superior de niñas, niños y adolescentes.
• Se destaca la importancia de evaluar si los nuevos juzgadores toman decisiones con perspectiva de infancia.

❓ Conclusión: Lo malo y lo bueno

¿Cuál es el aspecto más negativo 👎🏼 que se desprende del texto?

La principal preocupación radica en la posible politización de la justicia, donde los nuevos jueces, magistrados y ministros electos puedan verse influenciados por los poderes Ejecutivo y Legislativo, comprometiendo la independencia judicial y la protección de la Constitución. Además, la baja participación electoral genera dudas sobre la legitimidad y representatividad de los resultados.

¿Cuál es el aspecto más positivo 👍🏼 que se desprende del texto?

La nueva conformación del aparato judicial representa una oportunidad para posicionar posturas de protección integral y prevalencia del interés superior de niñas, niños y adolescentes. La especialización de juzgadores en asuntos que afectan directamente los derechos de la infancia podría mejorar la calidad de la justicia en estos casos.