El olor a negligencia

El texto de Itzel Arellano Cruces, publicado el 24 de mayo de 2025, critica la política de seguridad del gobierno actual, especialmente en relación con la protección de funcionarios públicos. Argumenta que la eliminación de protocolos de seguridad para funcionarios, calificada como negligencia, ha contribuido a la vulnerabilidad ante el crimen organizado, ejemplificado con el asesinato de dos colaboradores cercanos a la Jefa de Gobierno.

La eliminación de protocolos de seguridad para funcionarios es señalada como un factor clave en su vulnerabilidad ante el crimen organizado.

📝 Puntos clave

• El texto denuncia el asesinato de dos colaboradores cercanos a la Jefa de Gobierno, como una muestra del descontrol del crimen organizado.
• Se critica la eliminación de protocolos de seguridad para funcionarios, implementada por los gobiernos de Morena, considerándola una negligencia.

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• Se menciona el antecedente del atentado contra el secretario de seguridad en 2020 por el Cártel Jalisco como evidencia del riesgo existente.
• Se destaca la importancia de proteger a los funcionarios que implementan la estrategia de seguridad, mencionando a José Muñoz y Ximena Guzmán como ejemplos de personas que debieron tener protección.
• Se acusa al gobierno de maquillar datos y esconder homicidios tras las cifras de desaparecidos, negando la realidad de la inseguridad.
• Se exige al Gobierno Federal y al Gobierno de la Ciudad de México que reconozcan su responsabilidad y tracen una ruta para garantizar la seguridad de funcionarios y ciudadanos.
• Se hace referencia al lema de Acción Nacional "una vida mejor y más digna para todos".

❓ Conclusiones FAQ

👎🏼 ¿Cuál es el aspecto más negativo que se critica en el texto?

La crítica más fuerte se centra en la negligencia del gobierno al eliminar los protocolos de seguridad para funcionarios, lo que los ha dejado vulnerables al crimen organizado y ha contribuido a la pérdida de vidas.

👍🏼 ¿Qué solución propone el texto para mejorar la situación?

El texto propone que el Gobierno Federal y el Gobierno de la Ciudad de México reconozcan su responsabilidad en la situación de inseguridad y tracen una ruta para garantizar la seguridad de funcionarios y ciudadanos, buscando una vida digna para todos.