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El texto de Alfonso Perez Daza, fechado el 23 de Mayo de 2025, aborda la incertidumbre en el proceso electoral para elegir a los nuevos jueces y magistrados de amparo en México. Se centra en la importancia de la jurisprudencia y los precedentes judiciales, destacando una sentencia reciente del Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, relacionada con la prisión preventiva oficiosa y la presunción de inocencia.

La sentencia del Pleno Regional garantiza que no exista prisión preventiva automática en México, obligando a los jueces a evaluar cada caso individualmente.

📝 Puntos clave

• El texto reflexiona sobre el impacto del cambio en la integración del Poder Judicial de la Federación en la protección de los derechos fundamentales.
• Se destaca la contradicción de criterios 19/2025, donde la Magistrada Olga Estrever Escamilla y los Magistrados Miguel Bonilla López y Samuel Meraz Lares enfatizan la suspensión provisional con efectos de tutela anticipada en casos de prisión preventiva oficiosa.
• Se argumenta que la reforma al artículo 19 constitucional, que buscaba ampliar los delitos con prisión preventiva oficiosa, no debe eliminar la evaluación individual de cada caso por parte de los jueces.
• Se subraya la importancia de la presunción de inocencia y la necesidad de demostrar el riesgo de fuga o peligro para la víctima antes de imponer la prisión preventiva.
• Se reconoce el trabajo de los juzgadores que protegen los derechos humanos a pesar de las reformas constitucionales que limitan las garantías de protección.

❓ Conclusiones FAQ

👎🏼 ¿Cuál es el aspecto más negativo del texto?

La incertidumbre generada por el proceso electoral para elegir a los nuevos jueces y magistrados de amparo, y el temor de que los cambios en el Poder Judicial de la Federación puedan afectar negativamente la eficacia de los mecanismos que garantizan los derechos fundamentales.

👍🏼 ¿Cuál es el aspecto más positivo del texto?

El reconocimiento a la labor de los magistrados que, a través de sus sentencias, garantizan derechos humanos fundamentales como la libertad y la presunción de inocencia, incluso frente a reformas constitucionales que buscan limitar estas garantías.