Rank Columnas | Mail o Telegram

El texto de Lenia Batres, fechado el 18 de mayo de 2025, analiza la situación actual de la defensoría pública en México y su impacto en el acceso a la justicia. Se centra en las deficiencias existentes a pesar de las garantías constitucionales y propone mejoras para asegurar un servicio de calidad.

Un dato importante es la disparidad entre el Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP) y las Unidades Estatales en cuanto a presupuesto, número de defensores y cantidad de asuntos concluidos.

📝 Puntos clave

• La obligatoriedad de contar con un abogado para litigar en México no siempre garantiza el acceso efectivo a la justicia.
• El artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) establece el derecho a la justicia gratuita y un servicio de defensoría pública de calidad.
• A pesar de la igualación salarial entre defensores públicos y agentes del Ministerio Público, la calidad del servicio de defensoría pública sigue siendo deficiente.
• Las defensorías públicas están relegadas en las estructuras institucionales y ubicadas en diferentes dependencias según el estado.
• El IFDP cuenta con 4,169 abogados y un presupuesto de más de 4 mil millones de pesos, mientras que las Unidades Estatales tienen 881 defensores y un presupuesto de 4,275 millones de pesos.
• Se propone mejorar la calidad del servicio mediante normativas que aseguren un sueldo suficiente, limiten el número de casos por abogado y establezcan mecanismos de evaluación.

❓ Conclusiones FAQ

👎 ¿Cuál es el aspecto más negativo que se destaca en el texto?

La principal crítica es la falta de calidad en el servicio de defensoría pública, a pesar de las garantías constitucionales y la inversión de recursos. Se evidencia que personas con la razón legal no obtienen sentencias justas debido a deficiencias en la defensa.

👍 ¿Cuál es el aspecto más positivo que se propone en el texto?

La propuesta de mejorar la calidad del servicio de defensoría pública mediante normativas que aseguren un sueldo digno, limiten la carga de trabajo de los abogados y establezcan mecanismos de evaluación. Esto podría garantizar una defensa adecuada y un acceso más equitativo a la justicia.