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El texto de Colaborador Invitado del 5 de Abril de 2025, escrito por María Fernanda Buergo Gómez, abogada especializada en materia penal de Buergo Gómez Abogados, S.C., aborda la problemática del congelamiento de cuentas bancarias sin orden judicial en México, argumentando que esta práctica representa un grave riesgo para el patrimonio y la estabilidad financiera de ciudadanos y empresas. La autora critica la intención del gobierno de impulsar reformas que permitan esta medida, señalando la importancia del papel del juez para verificar la legalidad y proporcionalidad de la restricción de fondos.

El congelamiento de cuentas sin orden judicial es una medida extrema que puede destruir patrimonios y paralizar empresas.

Resumen

• El congelamiento de cuentas bancarias sin orden judicial es una sanción anticipada que pone en riesgo el patrimonio y la estabilidad financiera.
• El caso de Inés Gómez Mont y Víctor Álvarez Puga podría ser usado como pretexto para impulsar reformas que permitan congelar cuentas sin la autorización de un juez.
• El papel del juez es fundamental para verificar si existen elementos suficientes para restringir el uso del patrimonio.
• No se puede congelar la totalidad de una cuenta si el monto investigado es solo una fracción de ella.
• El gobierno promueve la elección popular de jueces para combatir la corrupción judicial, pero al mismo tiempo busca quitarles facultades.
• Las empresas deben contar con asesoría penal calificada para evitar que sus estrategias fiscales sean interpretadas como lavado de dinero.
• Un despacho penalista puede revisar esquemas de operación, identificar riesgos y prevenir situaciones que podrían escalar a consecuencias graves.

Conclusión

• Congelar cuentas sin orden judicial no es justicia, sino una medida extrema que puede destruir patrimonios y paralizar empresas.
• La justicia no puede ser instrumento de presión política ni castigo anticipado.
• El Estado debería fortalecer las instituciones que ya tiene, garantizar jueces imparciales y dejar de usar la narrativa del combate al crimen como justificación para vulnerar derechos fundamentales.