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El texto de Jorge Bravo, fechado el 4 de Abril de 2025, analiza la propuesta de reforma a la Ley General de Población impulsada por la Presidenta Claudia Sheinbaum, con el objetivo de convertir la CURP en un documento de identidad digital con datos biométricos. El autor explora los antecedentes de iniciativas similares, los riesgos de centralizar la información y la necesidad de una sólida protección de datos, especialmente los de menores.

Un dato importante es que la propuesta busca convertir la CURP en la identificación universal definitiva, lo que debilitaría la relevancia de la credencial del INE y centralizaría el control poblacional.

Resumen

• La propuesta de Claudia Sheinbaum surge en un contexto de inseguridad y desapariciones en México, buscando una forma de identificación más robusta.
• La iniciativa busca reformar la Ley General de Población para convertir la CURP en un documento de identidad digital con fotografía, huellas dactilares y datos biométricos.
• Existen antecedentes de intentos fallidos de crear una Cédula de Identidad Digital (CID), principalmente por conflictos políticos sobre el control del registro de ciudadanos.
• La reforma propone que la CURP sea el documento de identificación oficial obligatorio, gestionado por la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT) y el Registro Nacional de Población (RNP).
• El autor advierte sobre los riesgos de centralizar datos biométricos, especialmente los de menores, y la necesidad de una Ley de Protección de Datos Biométricos robusta.
• La propuesta se interpreta como un intento de debilitar al INE y centralizar el control poblacional por parte del gobierno federal.
• Se comparan modelos de identidad digital de Estonia (descentralizado) e India (centralizado), destacando los riesgos de exclusión en este último.

Conclusión

• La CURP biométrica tiene el potencial de agilizar trámites y combatir la suplantación de identidad, pero su éxito depende de una sólida protección de datos y mecanismos de control independientes.
• El reto del Legislativo es asegurar que la identidad digital sea una herramienta de empoderamiento y no de control político.
• Es crucial que la Secretaría de Gobernación, encabezada por Rosa Icela Rodríguez, detalle cómo se obtendrá el consentimiento para transferir biometrías, especialmente en menores.
• Los mecanismos de autenticación de la ATDT, a cargo de José Antonio Peña Perino, y el RNP deben ser auditados por comités independientes con participación de academia y sociedad civil.