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El texto de Antonio Cuellar, fechado el 22 de Abril de 2025, analiza la problemática de la corrupción en la adjudicación de contratos públicos en México, señalando la necesidad de una fiscalización más efectiva y oportuna. El autor examina la reciente promulgación de la nueva Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y sus posibles implicaciones.

La nueva ley contempla un nuevo mecanismo de impugnación de las violaciones cometidas por servidores públicos durante el proceso de contratación.

Resumen

• La corrupción en la adjudicación de contratos públicos, mediante sobreprecios y favoritismos, es una práctica común a pesar de los principios de transparencia y honestidad establecidos en la legislación.
• Los procesos jurisdiccionales para impugnar estas prácticas suelen ser lentos e ineficaces.
• La nueva Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, publicada el 16 de abril en el Diario Oficial de la Federación, representa un avance en la digitalización, transparencia, sustentabilidad, fomento a la PYME, y la introducción de mecanismos de diálogo y negociación.

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• La ley introduce un nuevo mecanismo de impugnación y resolución de controversias, permitiendo a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno dictar medidas de suspensión y anulación de procesos de contratación ilegales.
• La eficacia de la ley dependerá de la capacidad de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno para equilibrar el control de la legalidad con el ejercicio eficiente del presupuesto.
• La intervención del Tribunal Federal de Justicia Administrativa y los tribunales federales de amparo será crucial para supervisar el desempeño de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.
• El autor sugiere que el Poder Legislativo debería permitir la intervención adelantada de la Auditoría Superior de la Federación para facilitar el ejercicio presupuestal y dar certidumbre a los procesos de contratación.
• El objetivo principal debe ser garantizar la honestidad en la adjudicación de los contratos, más allá del cumplimiento formal de los mismos.

Conclusión

• La nueva ley representa un paso adelante en la modernización de la contratación pública en México.
• Su éxito dependerá de la implementación efectiva de los mecanismos de control y la supervisión de los órganos de justicia.
• Es fundamental seguir buscando nuevas ideas y mejoras para garantizar la honestidad y transparencia en la gestión de los recursos públicos.