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El texto de Ciro Murayama, fechado el 16 de abril de 2025, analiza la reacción del gobierno mexicano ante la decisión del Comité contra la Desaparición Forzada (CED) de las Naciones Unidas de activar el procedimiento del artículo 34 de la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas con respecto a la situación en México. El autor critica la descalificación de la ONU por parte de diversas instancias gubernamentales y la falta de empatía hacia las víctimas de desaparición.

El gobierno de México reconoce que hay 127 mil personas sin localizar, lo que confirma los fundados indicios de desaparición generalizada o sistemática.

Resumen

• El 4 de abril de 2025, el CED de la ONU activó el procedimiento del artículo 34 con respecto a la situación de desapariciones forzadas en México, solicitando información al Estado mexicano.
• El CED no acusó al Estado mexicano de practicar la desaparición forzada, sino que existen indicios de que ocurre de forma generalizada o sistemática.
• La presidenta de México afirmó que no hay desaparición forzada desde el Estado, sino vinculada a la delincuencia organizada, y anunció una nota diplomática de "inconformidad".

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• El presidente del Senado acusó a la ONU de "estrategia para descarrilar" al gobierno e impulsó una votación para exigir la destitución de Olivier de Frouville.
• La presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos descalificó a la ONU, afirmando que no se permitiría que "pisoteen la democracia" en México.
• Estas reacciones se produjeron tras conocerse los horrores del rancho Izaguirre en Jalisco, evidenciando la falta de empatía con las víctimas.
• El autor considera que la reacción del Ejecutivo, el Legislativo y la CNDH fue desproporcionada y gratuita.

Conclusión

• El autor critica la minimización del problema de la desaparición forzada por parte del gobierno mexicano y su descalificación de la ONU.
• Considera que la decisión del CED era una oportunidad para abordar la violencia en México y deslindar responsabilidades.
• Afirma que el gobierno optó por alinearse con líderes autoritarios que confunden soberanía con autarquía.
• El autor enfatiza que el Estado debe ejercer el monopolio de la fuerza y brindar seguridad a sus habitantes, lo cual no ocurre en vastas zonas controladas por el crimen organizado.