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El texto escrito por Dania Ravel el 1 de abril de 2025 aborda la problemática del tope de gastos de campaña en las elecciones para cargos del Poder Judicial de la Federación, específicamente tras la resolución de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

La decisión de la Sala Superior afecta la equidad en el proceso electoral al permitir que las desigualdades económicas influyan en los resultados.

Resumen

• El 30 de marzo iniciaron las campañas para la elección de cargos en el Poder Judicial de la Federación, donde los candidatos pueden promocionarse en redes sociales y con propaganda impresa, financiando sus campañas con recursos propios.
• La Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LEGIPE) establece un límite de $220,326.20 para los gastos de campaña, considerando que no hay financiamiento público ni privado.
• La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ordenó al INE establecer topes de gastos de campaña que convirtieron el monto previsto en la Ley como tope de gasto para el cargo nacional de mayor relevancia (una ministratura en la Suprema Corte de Justicia de la Nación), en el tope de gasto para el cargo jerárquicamente inferior de los que se concursan (juez o jueza de distrito).
• La autora argumenta que esta decisión afecta la equidad, ya que flexibiliza el límite legal y permite que las desigualdades económicas entre los candidatos influyan en los resultados electorales.
• Se enfatiza la importancia de una fiscalización escrupulosa para garantizar que los candidatos no excedan los límites de gasto permitidos.

Conclusión

• La autora plantea la necesidad de reflexionar sobre el sistema electoral y buscar un piso parejo, garantizando un acceso igualitario a recursos para todos los candidatos, independientemente de su situación económica.
• Se busca que el triunfo electoral dependa de las propuestas y capacidades de los candidatos, y no de sus ventajas económicas personales.
• El compromiso institucional es realizar una fiscalización escrupulosa con la finalidad de garantizar que las personas candidatas no eroguen más recursos de los permitidos.