Entre gritos y desafueros

El texto de Antonio Cuellar, fechado el 1 de abril de 2025, reflexiona sobre el concepto de impunidad en México y su relación con el fuero constitucional, a raíz de un caso reciente en el Congreso. El autor analiza las implicaciones del fuero y su posible uso indebido para proteger a funcionarios públicos, así como la necesidad de regular el proceso de desafuero para evitar abusos y garantizar la justicia.

El fuero tiene como único propósito evitar que a un servidor público en quien recaiga nuestra representatividad constitucional, se le someta a un proceso fabricado y efímero como instrumento para evitar que ejerza su función política adversarial.

Resumen

• La impunidad es un tema recurrente en la política mexicana, generando frustración y desconfianza en las instituciones.
• El fuero constitucional, aunque busca proteger la función política de los servidores públicos, es percibido erróneamente como una garantía de impunidad.

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• El autor aclara que el fuero solo posterga el juicio, no lo impide, y su objetivo es evitar procesos fabricados para obstaculizar la labor política.
• El texto aborda el caso específico de Cuauhtémoc Blanco, sin emitir un juicio sobre su culpabilidad, pero cuestionando la suficiencia de las pruebas para desaforarlo.
• Se advierte sobre el peligro de usar el desafuero con fines políticos, afectando la reputación y la carrera de los adversarios.
• El autor critica la infravaloración y desregulación del proceso de desafuero, señalando la necesidad de establecer criterios claros y pruebas objetivas para someter a juicio a los funcionarios.
• Se plantea la disyuntiva entre proteger la labor democrática de los congresistas y evitar que delincuentes se escuden en el fuero.
• El texto menciona la facilidad con la que se puede dañar la reputación de alguien, incluso con acusaciones menores, y el riesgo de usar el desafuero como arma política.
• El autor concluye que el debate en el Congreso reveló las deficiencias del proceso de desafuero, instando a los representantes a solucionar esta falla constitucional.

Conclusión

• El artículo destaca la importancia de equilibrar la protección de la función pública con la exigencia de rendición de cuentas y justicia.
• Se enfatiza la necesidad de reformar el proceso de desafuero para evitar su uso indebido y garantizar que solo se someta a juicio a los funcionarios con pruebas sólidas de su culpabilidad.
• El autor advierte sobre los riesgos de politizar la justicia y dañar la reputación de los adversarios, instando a un debate serio y responsable sobre el tema.