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El texto escrito por Miguel A. Rosillo el 9 de marzo de 2025 analiza críticamente la iniciativa de "Ley Federal Antimonopolio y Competencia Económica" presentada por Morena ante la Cámara baja. El autor argumenta que la ley presenta errores de técnica legislativa, especialmente en la denominación y la inclusión de facultades regulatorias.

La iniciativa de ley presenta errores de técnica legislativa al mezclar la tutela de la competencia económica con la regulación de mercados específicos.

Resumen

• La iniciativa de ley de Morena busca crear una nueva legislación de competencia económica tras la enmienda al artículo 28 constitucional del 20 de diciembre de 2024, que eliminó la autonomía del ente encargado de la política de competencia.
• El autor critica la denominación de la ley, argumentando que es redundante incluir el término "antimonopolio" ya que la competencia económica es la antítesis del monopolio.
• Señala que la técnica legislativa requiere un conocimiento profundo de la materia y la aplicación de reglas lógicas para evitar interpretaciones indeseables.
• La ley propuesta incluye facultades regulatorias, lo cual es un error, ya que la función de tutelar la competencia es distinta y, en muchos casos, excluyente de la función de regular mercados específicos.
• El autor enfatiza que quien tutela la competencia no debe regular, ya que son tareas con propósitos y mecanismos de operación diferentes.
• La regulación de la preponderancia en sectores como las telecomunicaciones debe corresponder al ente sectorial correspondiente, no a la nueva agencia competencial del ejecutivo.

Conclusión

• La iniciativa de ley debe ser analizada cuidadosamente para corregir errores técnicos como el pleonasmo en la denominación y el error regulatorio.
• Es crucial distinguir entre la tutela de la competencia económica y la regulación de mercados específicos para evitar contradicciones y garantizar la eficacia de la ley.
• El autor sugiere eliminar el término "antimonopolio" de la denominación de la ley y asignar la regulación de la preponderancia al ente sectorial correspondiente.