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El texto de Carlos Puig, fechado el 6 de marzo de 2025, analiza los argumentos presentados ante la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos en un caso donde México demanda a productores de armas estadounidenses por su presunta responsabilidad en el flujo de armas hacia el crimen organizado en territorio mexicano.

Un tribunal de distrito le dio la razón a México de manera unánime, lo que llevó a las armadoras a apelar el caso ante la Suprema Corte.

Resumen

• La abogada Catherine E. Stetson, representante de México, argumenta que las armadoras proveen deliberadamente al mercado ilegal mexicano vendiendo armas a través de distribuidores que saben que venden a granel a los cárteles.
• Stetson establece un paralelismo con un caso anterior donde Twitter fue considerado responsable por el uso de su plataforma por parte de ISIS, argumentando que las armadoras son "cómplices" y responsables de los daños previsibles derivados de su violación a la ley.
• Noel Francisco, abogado de los productores de armas, argumenta que sus clientes no tienen responsabilidad sobre el destino final de las armas, ya que siguen un proceso de venta legal a través de distribuidores y minoristas autorizados por el gobierno federal.
• Francisco afirma que no existe precedente legal donde un fabricante sea considerado responsable por el uso indebido y delictivo de sus productos.
• El autor sugiere que los ministros de la Suprema Corte no han tomado una decisión definitiva, basándose en las preguntas formuladas a ambas partes durante la audiencia.

Conclusión

• El caso representa un desafío legal complejo, donde se debate la responsabilidad de los productores de armas en el contexto del tráfico ilegal y la violencia en México.
• La decisión de la Suprema Corte tendrá implicaciones significativas para la relación entre México y Estados Unidos, así como para la regulación de la industria armamentística.
• El autor expresa la esperanza de que la Suprema Corte tome una decisión informada y justa.