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El caso de María Amparo Casar es presentado como un método de persecución política perfeccionado, utilizando el aparato judicial para castigar a críticos.

El gobierno mexicano ha elegido en este caso al dictador… y al perdedor.

El autor plantea que la pregunta relevante no es si la concentración del poder es "buena" o "mala", sino qué ocurre cuando la dispersión, lejos de proteger libertades, termina por corroerlas.