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El texto del senador Luis Fernando Salazar, fechado el 4 de marzo de 2025, aborda la entrega de 29 mandos criminales a Estados Unidos por parte del gobierno de México. El autor defiende la medida como una acción necesaria para recuperar la paz y seguridad en el país, justificándola con base en la Ley de Seguridad Nacional y la necesidad de evitar la liberación o detención de los procesos de extradición de estos criminales.

La entrega de 29 mandos criminales a Estados Unidos se justifica como una medida para evitar su liberación o la detención de sus procesos de extradición.

Resumen

• La entrega de 29 mandos criminales a Estados Unidos es una decisión del Gabinete de Seguridad basada en la Ley de Seguridad Nacional.
• El Secretario de Seguridad Pública, Omar García Harfuch, informó que la medida busca evitar la liberación de criminales o la detención de sus procesos de extradición, citando los casos de Rafael Caro Quintero y Miguel Ángel Treviño.
• El gobierno de México justifica la entrega como una respuesta al incremento del riesgo en el país debido a la reacción de los cárteles ante los logros en el combate al crimen organizado.
• Se critica la postura de la presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña, quien exige pruebas sobre la deficiencia de algunos jueces.
• La entrega se fundamenta en una ley vigente desde hace 16 años, independiente de los procesos de extradición.
• La medida se enmarca en la cooperación binacional en materia de seguridad, reconociendo que los crímenes impactan a ambos países.
• Se destaca la responsabilidad compartida entre México y Estados Unidos en la lucha contra el crimen organizado, mencionando el flujo de armas desde Estados Unidos y el mercado de consumo de drogas en ese país.

Conclusión

• El senador Luis Fernando Salazar defiende la entrega de los 29 mandos criminales como una medida necesaria y justificada legalmente para proteger la seguridad nacional de México.
• Se argumenta que la cooperación con Estados Unidos es esencial para abordar el problema del crimen organizado de manera efectiva.
• Se critica a los detractores de la medida, incluyendo a la presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña, por cuestionar la decisión sin considerar la realidad del asedio del crimen en la sociedad mexicana.