La fraudulenta elección judicial en Durango

El texto escrito por Rafael Palacios el 3 de Marzo de 2025 denuncia irregularidades en el proceso de elección de jueces y magistrados en el estado de Durango, señalando la falta de competencia y la influencia del poder ejecutivo.

La elección de 49 cargos de jueces y magistrados se realizará con candidatos únicos designados por los comités de los tres poderes del estado.

Resumen

• Se critica la conformación de una única lista de candidatos a jueces y magistrados por parte de los tres poderes del estado (Ejecutivo, Legislativo y Judicial), lo cual contradice la reforma constitucional que exige listas separadas.
• Se denuncia que los candidatos designados no tienen competencia, ya que son registros únicos, lo que elimina la posibilidad de una elección real.

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• Se señala que el Ejecutivo en Durango tiene control sobre el Poder Judicial, impidiendo que personal con experiencia dentro del mismo pueda aspirar a los cargos.
• Se cuestiona el destino de 150 millones de pesos asignados a una elección que se considera una simulación, ya que no existe contienda electoral.
• Se acusa a la bancada de Morena en el Congreso del Estado de avalar este proceso, mostrando un respaldo total y falta de oposición.
• Se evidencia el servilismo del Congreso al Ejecutivo, demostrando que el dictamen de la comisión de evaluación del poder legislativo reproduce la misma redacción del ejecutivo.
• Se menciona que algunos de los designados son personas con mérito y reconocimiento, mientras que otros son conocidos por corrupción o no cumplen con los requisitos, siendo designados por cuotas políticas o amiguismos del gobernador Villegas.

Conclusión

• El proceso de elección de jueces y magistrados en Durango es calificado como un fraude y una simulación, debido a la falta de competencia y la influencia del poder ejecutivo.
• Se denuncia la falta de independencia de los poderes Legislativo y Judicial, así como la complicidad de la bancada de Morena en el Congreso del Estado.
• Se cuestiona la transparencia y la legitimidad del proceso, poniendo en duda la calidad y la imparcialidad de los futuros jueces y magistrados.