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El texto escrito por Alfonso Perez Daza el 28 de marzo de 2025 analiza el nuevo proceso de elección popular de los miembros del Poder Judicial de la Federación en México, destacando los desafíos que enfrenta la ciudadanía para conocer y evaluar a los candidatos, así como las diferentes categorías de perfiles que se presentan a la elección.

El principal desafío para la ciudadanía es conocer el perfil de los candidatos, quienes no pueden hacer proselitismo en radio ni televisión.

Resumen

• Por primera vez en la historia contemporánea de México, los miembros del Poder Judicial de la Federación serán electos por voto popular.
• El periodo de campañas electorales inicia el 30 de marzo y concluye el 28 de mayo.
• La ciudadanía enfrenta dificultades para entender el nuevo diseño de la boleta y conocer el perfil de los candidatos.
• Se identifican tres grupos de candidatos:
  • Jueces y magistrados actuales que buscan conservar sus puestos. Su principal capital es su experiencia judicial y la supervisión a la que han sido sometidos.
  • Trabajadores del Poder Judicial que aspiran a ascender. Es más difícil identificar a los mejores candidatos en este grupo.
  • Candidatos sin experiencia en el Poder Judicial, que representan la esperanza de quienes buscan renovar la judicatura.
• El autor expresa preocupación por la imposibilidad de la ciudadanía para contrastar las candidaturas y hacer la mejor selección posible.
• Se espera que los candidatos logren posicionar mensajes que los distingan de otros candidatos de representación popular.
• Se cita al presidente de la Suprema Corte de Justicia de Israel sobre el papel del juez en una democracia, destacando la importancia de defender la Constitución y los derechos humanos.
• El autor es académico de la UNAM.
• El texto fue publicado en EL UNIVERSAL.

Conclusión

• El nuevo proceso electoral presenta desafíos significativos para la ciudadanía mexicana.
• La falta de información y la dificultad para evaluar a los candidatos podrían afectar la calidad de la elección.
• Se espera que los candidatos prioricen la defensa de la Constitución y los derechos humanos, independientemente de su origen o experiencia.