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El texto de Pedro Salazar, fechado el 26 de Marzo de 2025, reflexiona sobre la desigualdad ante la ley en México, específicamente en relación con la figura del fuero constitucional y la prisión preventiva oficiosa. El autor toma como punto de partida la acusación contra el legislador de Morena, Cuauhtémoc Blanco, por un presunto intento de violación, para contrastar su situación privilegiada con la del resto de los ciudadanos.

El dato importante es la crítica a la desigualdad ante la ley, donde los legisladores gozan de protección (fuero) mientras que los ciudadanos comunes pueden ser encarcelados preventivamente por simple acusación.

Resumen

• El autor desconoce los detalles de la acusación contra Cuauhtémoc Blanco, pero señala que este niega los hechos y goza de la presunción de inocencia.
• La principal crítica radica en la diferencia de trato entre Blanco, protegido por el fuero constitucional, y el resto de la población.
• Se cita el artículo 19 constitucional, que establece la prisión preventiva oficiosa para una amplia gama de delitos, incluyendo violación, lo que implica que cualquier ciudadano acusado de estos delitos puede ser encarcelado automáticamente.
• El autor denuncia que, bajo la legislación actual, una simple acusación puede llevar a la privación de la libertad, mientras que los legisladores, como Blanco, están protegidos incluso de la investigación gracias al fuero.
• Se critica que los propios legisladores, que se benefician del fuero, son quienes aprobaron la legislación que permite la prisión preventiva oficiosa para el resto de la población.

Conclusión

• El texto denuncia una profunda desigualdad en el sistema legal mexicano, donde los legisladores gozan de privilegios que los protegen de la justicia, mientras que los ciudadanos comunes están expuestos a la prisión preventiva oficiosa por simples acusaciones.
• Se critica la hipocresía de los legisladores que, a pesar de beneficiarse del fuero, votaron a favor de leyes que restringen las libertades de la población.
• El autor cuestiona la legitimidad de un Estado constitucional que permite tales desigualdades y privilegios.