El texto de Eduardo Ruiz-Healy, fechado el 26 de marzo de 2025, aborda el caso del rancho Izaguirre en Teuchitlán, Jalisco, destacando los desafíos que enfrenta México para esclarecer hechos relacionados con la violencia y la desaparición de personas. El artículo expone las inconsistencias en la investigación, la falta de coordinación entre autoridades y la labor de los colectivos de búsqueda.

El caso del rancho Izaguirre revela la urgencia de fortalecer las capacidades institucionales y mejorar la coordinación entre autoridades para garantizar el acceso a la verdad.

Resumen

  • El caso del rancho Izaguirre en Teuchitlán, Jalisco, se ha convertido en un símbolo de los desafíos que enfrenta México para investigar casos de violencia y desaparición.
  • El colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco denunció la situación, lo que llevó a una investigación compleja con hallazgos preocupantes.
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  • La Fiscalía de Jalisco (FJ), dirigida por Salvador González de los Santos, ha sido criticada por su ineptitud en el manejo del caso.
  • Existe ambigüedad en la definición de "lotes de restos óseos", lo que dificulta la comprensión pública de la magnitud del hallazgo.
  • La FJ afirma que el rancho era un centro de "adiestramiento táctico y físico" del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y niega la existencia de hornos crematorios.
  • La Fiscalía General de la República (FGR) fue invitada a intervenir, pero aún no ha asumido formalmente el caso debido a la falta de información por parte de la FJ.
  • La FGR ha señalado al menos 13 omisiones importantes en la investigación, incluyendo el mal resguardo del predio y la pérdida de vehículos bajo custodia oficial.
  • Guerreros Buscadores reporta 15 lotes de restos óseos, posibles estructuras de incineración y la posibilidad de que hasta 1,500 personas hayan sido víctimas en el lugar.

Conclusión

  • El caso evidencia la gravedad de lo ocurrido en el rancho y las dificultades estructurales para llevar a cabo investigaciones claras y coordinadas.
  • La falta de coordinación entre instituciones federales y estatales genera incertidumbre y desconfianza.
  • Los colectivos de búsqueda, con recursos limitados, han logrado visibilizar una realidad que pasó desapercibida durante meses.
  • El caso Teuchitlán subraya la necesidad urgente de fortalecer las capacidades institucionales y mejorar la coordinación entre autoridades para garantizar el acceso a la verdad para las familias de las entre 124,000 y 150,000 personas desaparecidas en México.
Sección: Política

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