El texto escrito por Héctor De Mauleón el 20 de marzo de 2025 expone una investigación sobre el reclutamiento de jornaleros de Guerrero para trabajar en el campo, un programa que prometía capacitación y visas de trabajo en Estados Unidos, pero que terminó en explotación laboral y posibles vínculos con el crimen organizado.
El texto revela la posible conexión entre el reclutamiento de jornaleros y un campo de exterminio.
Resumen
En febrero de 2023, 50 ciudadanos de Guerrero fueron reclutados por Big Force Academy para un programa de capacitación agrícola con destino final en Orlando, Florida.
Los jornaleros provenían de diversos municipios y fueron convocados por autoridades municipales de Chilpancingo, Cocula, Huitzuco, Teloloapan y Acapulco.
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La alcaldesa de Acapulco, Abelina López, fue clave en la relación entre las autoridades de Guerrero y Big Force Academy.
La Universidad Autónoma de Guerrero (UAGro), a través de José Betancourt Villa, facilitó el convenio con Big Force Academy.
Al menos 100 trabajadores fueron reclutados en oficinas municipales con la participación de la Secretaría del Trabajo, la Secretaría de Relaciones Exteriores, el Instituto Nacional de Migración y el consulado de México en Orlando.
La mitad de los jornaleros iría a Lagos de Moreno, a cargo de Sun Berries, S.A. de C.V., y la otra mitad a Medio Sitio, Guanajuato, a cargo de Agrisar.
Un testimonio revela que uno de los grupos fue llevado a un rancho, posiblemente el Izaguirre, donde fueron engañados, privados de la libertad y explotados.
El rancho Izaguirre ha sido vinculado a un campo de entrenamiento y exterminio por el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco.
Autoridades como Norma Otilia Hernández, entonces presidenta de Chilpancingo, minimizaron su participación, alegando que solo colaboraron para cubrir la cuota de trabajadores.
A pesar de las denuncias, se han vuelto a difundir convocatorias en municipios como Cocula, Iguala y Chilpancingo para reclutar personas para Big Force, con la participación de la UAGro.
Se exige a la Fiscalía General de la República investigar el destino de los trabajadores reclutados y su posible conexión con el crimen organizado.
Conclusión
El caso expone una red de reclutamiento que, bajo la promesa de oportunidades laborales, podría estar encubriendo la explotación laboral y la trata de personas.
La participación de autoridades municipales y universitarias en el proceso de reclutamiento plantea serias interrogantes sobre su conocimiento y complicidad en los hechos.
La investigación busca esclarecer el destino de los jornaleros reclutados y determinar las responsabilidades de los involucrados en este esquema.
