Rank Columnas | Mail o Telegram

El texto de Eduardo R. Huchim, fechado el 20 de Marzo de 2025, analiza un aspecto crucial pero a menudo subestimado en la elección de juzgadores en México: el financiamiento. El autor examina tanto el presupuesto asignado a los órganos electorales como los recursos disponibles para los candidatos, destacando las tensiones y desafíos que surgen en este ámbito.

Un dato importante es la disparidad en el financiamiento de los OPLEs por parte de los gobiernos estatales, lo que pone en riesgo la organización de las elecciones judiciales en varias entidades.

Resumen

• El Instituto Nacional Electoral (INE) solicitó un presupuesto considerable para la elección judicial, pero la Cámara de Diputados realizó un recorte significativo, generando protestas justificadas. Posteriormente, se acordó una ampliación presupuestal con el Ejecutivo.
• Se plantea la necesidad de revisar las disposiciones legales sobre gastos electorales, buscando formas de reducirlos sin afectar la calidad de los comicios. Se mencionan los altos costos de los materiales electorales y la impresión masiva de boletas que no se utilizan.
• Los Órganos Públicos Locales Electorales (OPLEs) enfrentan la falta de financiamiento por parte de los gobiernos estatales, lo que dificulta la organización de las elecciones. 12 de 19 entidades que renovarán su Poder Judicial están en esta situación. Solo los estados de México y Sonora están recibiendo financiamiento adecuado.
• El INE inicialmente estableció un tope único de 220,326 pesos para los gastos de campaña de los candidatos a juzgadores, basándose en el artículo 522 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales.
• El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), a propuesta del magistrado Reyes Rodríguez Mondragón, ordenó al INE emitir un nuevo acuerdo que establezca montos diferenciados para cada tipo de elección, considerando la extensión territorial de cada puesto. La magistrada Janine Otálora votó en contra.
• El IEPC de Nuevo León solicitó un aumento presupuestal de 627 millones de pesos a principios de 2024, pero el gobierno estatal se negó a proporcionarlo en su totalidad.
• La Sala Superior del TEPJF confirmó la omisión del gobierno estatal, pero coincidió con el tribunal local en que era jurídicamente imposible ordenar la entrega completa de la ampliación presupuestal al IEPC.

Conclusión

• El financiamiento de las elecciones judiciales en México presenta desafíos significativos, tanto a nivel federal como estatal.
• La falta de recursos adecuados para los OPLEs y los topes de gastos de campaña pueden afectar la equidad y transparencia del proceso electoral.
• Es crucial que los órganos electorales cuenten con el financiamiento necesario y que se establezcan reglas claras y equitativas para los gastos de campaña, garantizando la integridad de las elecciones judiciales.