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El texto de Carlos Puig, fechado el 18 de marzo de 2025, analiza las estrategias fallidas de los últimos tres presidentes de México para combatir la violencia y la inseguridad, enfocándose en el papel crucial y problemático de las fiscalías en el sistema de justicia penal.

El autor expresa un profundo escepticismo sobre la efectividad de las nuevas medidas anunciadas por la presidenta Sheinbaum en relación con las desapariciones, debido a la persistente ineficacia de las fiscalías.

Resumen

• Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador implementaron diferentes estrategias para combatir la violencia, pero todas fracasaron.
• Calderón fortaleció la Policía Federal, Peña Nieto intentó crear un nuevo cuerpo y centralizó la seguridad en la Secretaría de Gobernación, y López Obrador creó la Guardia Nacional con recursos del Ejército.
• La reforma al sistema de justicia penal y la transformación de las procuradurías en fiscalías, impulsadas durante el gobierno de Calderón, no lograron mejorar la situación.
• Las fiscalías, como enlace entre la policía y el Poder Judicial, han fallado debido a la politización, la falta de autonomía, la ineficiencia y la escasez de recursos.
• La presidenta Sheinbaum anunció medidas para abordar las desapariciones, que involucran a las fiscalías en la creación de bases de datos, plataformas de identificación, protocolos de búsqueda y homologación de penas e investigaciones.
• El autor expresa su pesimismo sobre la efectividad de estas medidas, argumentando que las fiscalías no han demostrado ser capaces de cumplir con sus funciones.

Conclusión

• El artículo destaca la necesidad de abordar las deficiencias estructurales de las fiscalías para lograr avances reales en la lucha contra la violencia y la inseguridad en México.
• La dependencia de las fiscalías en las nuevas medidas anunciadas por la presidenta Sheinbaum genera dudas sobre su potencial éxito, dada su historial de ineficacia.
• El autor sugiere que se requiere una revisión profunda del funcionamiento de las fiscalías y una mayor inversión en su autonomía, eficiencia y recursos para que puedan cumplir su papel en el sistema de justicia penal.