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El siguiente texto, publicado en La Jornada el 16 de Marzo de 2025, expone una investigación del Registro Agrario Nacional (RAN) que revela un alarmante caso de acaparamiento de tierras ejidales en México. La investigación detalla cómo un reducido grupo de individuos, compuesto por políticos, ex funcionarios y empresarios, se apropió ilegalmente de vastas extensiones de terreno, afectando gravemente a las comunidades ejidales y al patrimonio nacional.

La investigación revela que 36 personas controlan alrededor de 63 mil ejidos, abarcando más de 39 mil hectáreas.

Resumen

• Una investigación del RAN revela que 36 personas poseen alrededor de 63 mil ejidos, que abarcan más de 39 mil hectáreas.
• Los terratenientes son políticos, ex funcionarios y empresarios que obtuvieron las tierras mediante la falsificación de documentos, contratos leoninos, prestanombres, cooptación y amenazas a las asambleas ejidales.
• Estos actos contaron con la complicidad de autoridades de los tres niveles de gobierno y se ampararon en la legislación privatizadora de Carlos Salinas de Gortari en 1992.
• El despojo y acaparamiento de tierras es un recordatorio del daño causado por el cogobierno neoliberal del PRI y el PAN desde 1988 hasta 2018.
• La destrucción del ejido se justificó como una modernización que permitiría a los ejidatarios acceder a financiamiento y mejorar su producción, pero en realidad benefició a acaparadores.
• Muchos campesinos fueron reducidos a peones o se vieron obligados a migrar a las ciudades, mientras que las tierras fueron urbanizadas o destinadas a proyectos turísticos y mineros.

Conclusión

• Es imperativo investigar, judicializar y fincar responsabilidades en todos los casos de despojo y acaparamiento de tierras.
• Se debe emprender un saneamiento institucional para frenar estos procesos, que afectan no solo a los ejidatarios, sino a todo el país.
• La corrupción y la degradación ambiental tienen repercusiones negativas para el conjunto de la sociedad.