Cámaras y drones para el crimen

El texto de Gustavo Fondevila, publicado el 10 de marzo de 2025 en REFORMA, aborda el creciente uso de tecnología, tanto por parte del gobierno como de grupos criminales, en materia de seguridad en la Ciudad de México y otras entidades federativas. Se centra en el despliegue de cámaras de videovigilancia y el surgimiento del uso de drones por parte de la delincuencia organizada para actividades ilícitas.

Un dato importante es el silencio de las autoridades de la CDMX respecto al uso de drones por parte de grupos criminales.

Resumen

• El gobierno de la Ciudad de México ha incrementado significativamente el número de cámaras de videovigilancia conectadas al C5, con planes de llegar a 150 mil al final del sexenio.
• El crimen organizado también utiliza tecnología, como cámaras de videovigilancia propias, para monitorear a la policía y a bandas rivales. Se han retirado 59 cámaras en Naucalpan y 500 por la Semar en varios estados.

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• Bandas criminales están empleando drones equipados con cámaras para realizar labores de inteligencia antes de cometer robos a casa habitación, complementando la información con mapas de Google Maps.
• La SSC detuvo a César "N", confirmando el uso de drones por parte de bandas que operan en las alcaldías Miguel Hidalgo, Cuajimalpa, Álvaro Obregón y Lomas de Chapultepec.
• A diferencia de otros estados, en la CDMX aún no se han registrado ataques con drones entre bandas o contra las autoridades.
• La respuesta de la SSC ante el uso de tecnología por parte del crimen organizado se considera lenta y carente de una política específica, sin desactivación de cámaras ilegales ni desarrollo de tecnología para contrarrestar el uso de drones.
• La excepción es la seguridad del Palacio Nacional, que cuenta con rifles antidrones desde el 8-M de 2021.

Conclusión

• El texto destaca la carrera armamentista tecnológica entre el gobierno y el crimen organizado en materia de seguridad.
• Se evidencia la necesidad de que las autoridades de la CDMX actúen con mayor rapidez y eficacia para contrarrestar el uso de tecnología por parte de la delincuencia.
• La falta de una política específica y la lentitud en la adopción de contramedidas tecnológicas ponen en riesgo la seguridad de la ciudadanía.