Los nuevos trámites del bienestar

Este texto de Diana N. Ronquillo, escrito el 5 de Febrero de 2025, analiza el anuncio de la nueva Ley Nacional para Eliminar Trámites Burocráticos y Corrupción por parte de Claudia Sheinbaum, y sus potenciales beneficios y riesgos. Se cuestiona la validez del anuncio dado el contexto político mexicano y se examina la ley desde una perspectiva jurídica y de seguridad de datos.

La creación de una plataforma nacional con información de millones de ciudadanos conlleva riesgos de seguridad.

Resumen

• Claudia Sheinbaum anunció la "creación" de la Ley Nacional para Eliminar Trámites Burocráticos y Corrupción.
• El anuncio utiliza un lenguaje político impreciso, en lugar de jurídico. Las leyes no se "crean", sino que se aprueban, promulgan y publican.

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• La ley propone homologar y simplificar trámites gubernamentales a través de un Portal Único Ciudadano de Servicios y Trámites en línea.
• Algunos principios de simplificación parecen prometedores: mayor carga regulatoria para la autoridad, eliminación de requisitos innecesarios, sustitución de permisos por avisos, etc.
• La ley plantea la posibilidad de beneficios reales para los ciudadanos, simplificando trámites engorrosos.
• Sin embargo, la creación de una base de datos nacional conlleva riesgos significativos de seguridad y vulnerabilidad ante la delincuencia organizada.
• El gobierno de México tiene un historial deficiente en la protección de datos personales, como lo demuestra la filtración de datos de periodistas en 2024, investigada por el INAI.
• La venta de bases de datos por funcionarios públicos podría ser una nueva forma de corrupción.
• La política gubernamental de "abrazos, no balazos" genera dudas sobre la capacidad del gobierno para proteger la información ciudadana.
• Se menciona la influencia de Donald Trump en la percepción de la situación.

Conclusión

• La nueva ley podría traer beneficios, pero los riesgos de seguridad asociados a la creación de una base de datos nacional son considerables.
• La efectividad de la ley dependerá de la capacidad del gobierno para proteger la información ciudadana y combatir la corrupción interna.
• El historial del gobierno en materia de protección de datos y su relación con la delincuencia organizada generan dudas sobre la viabilidad de la ley.
• Se necesita una evaluación exhaustiva de los riesgos de seguridad antes de la implementación de la plataforma.