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Este texto analiza el conflicto constitucional surgido durante el proceso electivo de personas juzgadoras del Poder Judicial de la Federación (PJF) en Febrero de 2025, debido a impugnaciones presentadas ante diferentes instancias judiciales y la inacción del Comité de Evaluación del PJF. El autor argumenta a favor de la decisión de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), enfatizando la necesidad de garantizar la continuidad del proceso electoral.

La Sala Superior del TEPJF, ante la inacción del Comité de Evaluación del PJF, ordenó al Senado de la República continuar con la conformación de las listas de candidaturas mediante sorteo, basándose en la Constitución.

Resumen:

• El proceso electivo de personas juzgadoras del PJF se vio afectado por diversas impugnaciones presentadas ante juzgados de distrito y el TEPJF.
• Algunos jueces de distrito suspendieron el procedimiento, generando un conflicto con las decisiones del TEPJF.
• La Sala Superior del TEPJF determinó que los jueces de distrito no tenían competencia en materia electoral y que la suspensión de actos estaba prohibida.
• El Comité de Evaluación del PJF, ante la imposibilidad de actuar sin violar resoluciones judiciales, frenó sus trabajos e incluso algunos de sus integrantes renunciaron.
• Ante la inacción del Comité, la Sala Superior del TEPJF ordenó al Senado de la República continuar el proceso mediante insaculación o sorteo, amparándose en la Constitución.
• La decisión del TEPJF generó críticas, acusándolo de favorecer al partido en el poder.
• El autor defiende la decisión del TEPJF, argumentando que se priorizó la participación de las personas aspirantes y la continuidad del proceso electoral.
• El autor destaca que el método de selección por sorteo está establecido en la Constitución.

Conclusión:

• La decisión de la Sala Superior del TEPJF fue una medida excepcional para resolver un conflicto constitucional complejo.
• Se priorizó la garantía del derecho humano a ser votado de las personas aspirantes a ser juzgadoras.
• La solución adoptada, aunque criticada, se basó en la Constitución y buscó asegurar la continuidad del proceso electoral.
• El conflicto resalta la necesidad de una mejor coordinación entre los diferentes órganos del poder judicial.