El texto de Maribel Concepción Méndez De Lara, escrito el 19 de febrero de 2025, describe el proceso de elección de 881 cargos en el Poder Judicial de la Federación en México. Se destaca la importancia de la participación ciudadana en este proceso inédito de elección popular de juzgadores.
881 cargos en el Poder Judicial de la Federación estarán en juego en las próximas elecciones.
Resumen:
Se elegirán 881 cargos en el Poder Judicial de la Federación, distribuidos en 6 tipos.
A nivel nacional se elegirán: 9 Ministras y Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 5 personas para Magistraturas del Tribunal de Disciplina Judicial, y 2 Magistraturas de Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
A nivel regional, se elegirán 15 Magistraturas de Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en Guadalajara, Monterrey, Jalapa, Ciudad de México y Toluca.
Se elegirán 464 Magistraturas de Tribunal Colegiado de Circuito o de Apelación, distribuidas en los 32 circuitos del país. 8 circuitos (Ciudad de México, Jalisco, Estado de México, Nuevo León, Veracruz, Tabasco, Coahuila y Puebla) concentran el 55% de los cargos.
Se elegirán 386 Juezas y Jueces de Distrito. 6 entidades federativas (Ciudad de México, Jalisco, Estado de México, Nuevo León, Veracruz y Baja California) concentran el 35% de estos cargos.
El INE ha publicado la lista de candidatos en su página web.
Las campañas se realizarán del 1 de abril al 28 de mayo de 2025.
La elección se llevará a cabo el 1 de junio de 2025.
Los ganadores tomarán protesta el 1 de septiembre de 2025.
Conclusión:
La elección popular de juzgadores representa un cambio de paradigma en México.
Es fundamental la participación ciudadana informada.
Los ganadores tendrán la responsabilidad de impartir justicia con capacidad y ética.
Se busca consolidar un sistema de impartición de justicia ágil, imparcial y cercano a la sociedad.
La designación de cárteles de narcotráfico como organizaciones terroristas es una estrategia política de Estados Unidos para justificar intervenciones y ejercer control geopolítico.
La nueva política de Estados Unidos permite a la CIA operar con mayor libertad en México y prioriza la eliminación de objetivos, en lugar de su enjuiciamiento.
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