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Este texto de Carlos Marín, escrito el 17 de febrero de 2025, analiza la persecución judicial contra jueces en México durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y la actual jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum. El autor argumenta que esta persecución se extiende más allá del gobierno, contaminando instituciones como el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y el Consejo de la Judicatura Federal.

19 peticiones ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para medidas precautorias contra el gobierno mexicano.

Resumen

• Se denuncia una "vocación persecutoria y carcelaria" del lopezobradorismo, evidenciada en la obsesión por la prisión preventiva oficiosa.
• Se señala la participación del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y el Consejo de la Judicatura Federal en la represión contra jueces.
• Se mencionan ejemplos concretos de jueces perseguidos: Sergio Santa María (Michoacán), María Gabriela Ruiz (Jalisco), Martha Eugenia Magaña López (Morelos) y Felipe Consuelo Soto (Chiapas). También se menciona a la jueza Angélica Sánchez.
• Se critica la reforma judicial que busca convertir el Consejo de la Judicatura en un Tribunal de Disciplina Judicial, instrumento para castigar a jueces independientes.
• Se describe la estrategia del gobierno como "autodemolición", utilizando al Tribunal y la Judicatura para perseguir a jueces incómodos.
• Zamir Fajardo reveló 19 peticiones ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para medidas precautorias contra el gobierno mexicano.
• Se concluye que la autonomía judicial ha sido eliminada y que dictar resoluciones incómodas se ha convertido en delito.
• Se critica la hipocresía de AMLO y Sheinbaum, quienes dicen no victimizar a los jueces pero no frenan la persecución.
• Se menciona al coordinador de la diputación morenista, Ricardo Monreal.
• Se menciona al ex gobernador Cuitláhuac García.

Conclusión

• La persecución judicial en México es un problema grave que afecta la independencia judicial.
• La estrategia del gobierno es perversa y destructiva, utilizando instituciones para perseguir a sus opositores.
• La única defensa para los jueces perseguidos parece estar fuera del país.
• La situación representa una amenaza a la democracia y al estado de derecho en México.