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Este texto de Carlos Fernández-Vega, escrito el 17 de febrero de 2025, analiza la problemática de la impunidad en casos de accidentes mineros en México, específicamente en las tragedias de El Pinabete y Pasta de Conchos. El autor critica la falta de supervisión y las condiciones laborales precarias que llevaron a estas tragedias, así como la inacción de las autoridades y la impunidad de los responsables.

62 mineros de Pasta de Conchos permanecen sepultados 19 años después de la tragedia.

Resumen:

• Se recuperaron los restos del último minero fallecido en la mina El Pinabete, en Coahuila, tras dos años y medio de trabajos de rescate. Sin embargo, los mineros trabajaban en condiciones irregulares y sin protección.
• Se cuestiona la falta de justicia para los responsables del accidente de El Pinabete: Cristian Solís Arriaga, Luis Rafael García Luna Acuña y Arnulfo Garza Cárdenas.
• Se compara la situación con la tragedia de Pasta de Conchos (2006), donde 65 mineros fallecieron y 62 cuerpos permanecen sin ser recuperados a pesar del compromiso del presidente López Obrador en 2019.
• Se critica la inacción de Grupo México y Germán Larrea, responsables de la mina Pasta de Conchos, quienes se ampararon y evitaron el rescate. Se menciona la participación de Luisa María Alcalde y Arturo "El Padrino" Alcalde Justiniani en un plan de rescate considerado como una estrategia para evitar la recuperación de los cuerpos.
• Napoleón Gómez Urrutia, dirigente nacional de los mineros, denuncia la complicidad y la indiferencia de las autoridades en este "homicidio industrial".
• Se señala la responsabilidad de cinco gobiernos mexicanos (dos del PAN, uno del PRI, y dos de MORENA) en la impunidad de estos casos.

Conclusión:

• La impunidad en los accidentes mineros en México es un problema persistente y grave.
• La falta de supervisión y las condiciones laborales precarias en las minas ponen en riesgo la vida de los trabajadores.
• La inacción de las autoridades y la impunidad de los responsables perpetúan una deuda histórica y social.
• Se requiere una mayor presión social y acciones contundentes para garantizar la justicia y la seguridad de los mineros.