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Este texto, escrito por Xochitl Gálvez el 12 de Febrero de 2025, denuncia la normalización de la violencia contra las mujeres en México y la impunidad de los agresores, incluso en los más altos niveles del poder. Se presentan varios casos concretos para ilustrar la problemática.

La impunidad de agresores en altos cargos políticos, como Cuauhtémoc Blanco y Félix Salgado Macedonio, es un tema central del texto.

Resumen:

• Se describe la experiencia personal de Xochitl Gálvez con la violencia doméstica a temprana edad.
• Se relata el caso de Jesusa, una mujer de la Huasteca, que sufrió violencia doméstica y encontró indiferencia por parte de las autoridades.
• Se menciona el caso de un hombre que mordió el glúteo de una mujer, inicialmente sin consecuencias legales, hasta que la presión social intervino.
• Se presenta el caso de la activista oaxaqueña Sandra Domínguez, desaparecida tras denunciar a funcionarios y políticos por compartir imágenes sexuales de mujeres indígenas mijes, incluyendo a Donato Vargas, defendido por el gobernador Salomón Jara.
• Se expone la denuncia de violación contra Cuauhtémoc Blanco, exgobernador de Morelos, por parte de su media hermana, y la destitución del fiscal que había pedido su desafuero.
• Se menciona el caso de Félix Salgado Macedonio, acusado de abuso sexual por Basilia Castañeda y otras cinco mujeres, sin ser juzgado y aspirando a la gubernatura de Guerrero en 2027.
• Se critica la aparente protección política a Salgado Macedonio por parte del expresidente López Obrador y se cuestiona la postura de la Presidenta Claudia Sheinbaum ante estos casos.
• Se concluye que la impunidad de Cuauhtémoc Blanco y Félix Salgado Macedonio representa una derrota moral para la 4T.

Conclusión:

• El texto denuncia la grave problemática de la violencia contra las mujeres en México y la falta de justicia.
• Se critica la impunidad de los agresores, especialmente aquellos con poder político.
• Se cuestiona la eficacia de las instituciones y la respuesta de las autoridades ante estos casos.
• Se exige una mayor compromiso de las autoridades para proteger a las víctimas y castigar a los agresores, independientemente de su posición social o política.