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El texto de Astrid Puentes Riaño, escrito el 1 de Febrero de 2025, analiza la Opinión Consultiva de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) sobre las obligaciones de los Estados en materia de cambio climático, centrándose en el reconocimiento del derecho humano a un ambiente limpio, sano y sostenible como derecho internacional consuetudinario.

La CIJ está evaluando si el derecho a un ambiente sano es un derecho internacional consuetudinario, vinculante para todos los Estados.

Resumen

• La CIJ evalúa la opinión consultiva sobre las obligaciones de los Estados en materia de cambio climático.
• Un punto clave es si el derecho humano a un ambiente limpio, sano y sostenible es derecho internacional consuetudinario.
• Más de 60 Estados argumentaron que este derecho ya es consuetudinario y, por tanto, vinculante.
• Diez Estados (Alemania, Arabia Saudita, Australia, Canadá, China, Estados Unidos, Kuwait, Nueva Zelanda, Reino Unido y Serbia) se opusieron, argumentando que el reconocimiento en resoluciones de la ONU es político y carece de sustento legal.
• El derecho consuetudinario se establece a través de la práctica consistente y generalizada de los Estados, aceptada como obligatoria (opinio juris).
• El derecho a un ambiente sano ha sido ampliamente reconocido internacional, regional y nacionalmente desde la década de 1970. 164 países (85% de los Estados de la ONU) lo han reconocido en sus constituciones o leyes.
• Miles de sentencias judiciales, legislaciones y reglamentaciones a nivel mundial aplican este derecho, evidenciando la opinio juris.
• La decisión de la CIJ es crucial, no solo jurídicamente, sino también existencialmente para la humanidad, especialmente para las comunidades marginadas afectadas desproporcionadamente por la crisis climática.

Conclusión

• El reconocimiento del derecho a un ambiente limpio, sano y sostenible como derecho internacional consuetudinario es esencial para enfrentar la triple crisis planetaria.
• Existe evidencia jurídica sólida para apoyar este reconocimiento.
• La decisión de la CIJ sentará un precedente histórico para las obligaciones de los Estados y empresas en la lucha contra la crisis climática.
• Proteger este derecho beneficiará a las generaciones presentes y futuras.