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Este texto de Salvador Camarena, publicado el 6 de diciembre de 2024, analiza la controversia en torno al financiamiento de las elecciones judiciales en México, particularmente en la Ciudad de México. Se centra en las declaraciones de Rafael Guerra Álvarez sobre los costos de la reforma judicial y la discrepancia entre las estimaciones del gobierno federal y las del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México.

Resumen:

• El INE solicitó 13 mil millones de pesos para la elección judicial federal, petición rechazada por el gobierno.
• Rafael Guerra Álvarez, presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, declaró que el haber de retiro de cada magistrado (10 millones de pesos cada uno) representaría un gasto de 1,647.6 millones de pesos, el 80% del costo estimado de la elección local (2,045.9 millones de pesos).
• La elección judicial local en la CDMX costaría una séptima parte de lo solicitado por el INE para la elección federal.
• La reforma judicial en la CDMX implica la elección de 400 magistrados, creando nuevas plazas y costos de infraestructura y nómina.
• El gobierno federal planea financiar la elección judicial con los recursos obtenidos de la supresión de fideicomisos del Poder Judicial (poco más de 7 mil millones de pesos), una cifra considerada insuficiente por Guerra Álvarez.
• El Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México adeuda 760 millones de pesos a proveedores desde 2020.
• Guerra Álvarez, aspirante a ministro de la Corte, propone una implementación gradual de la reforma para reducir costos.

Conclusión:

• El financiamiento de las elecciones judiciales en México presenta un serio desafío financiero.
• Las estimaciones de costos varían significativamente entre el gobierno federal y las autoridades judiciales locales.
• La reforma judicial, aunque necesaria, implica costos significativos que no parecen estar completamente considerados por el gobierno.
• La austeridad impulsada por Morena podría estar exacerbando los problemas financieros del Poder Judicial.
• La falta de transparencia y la discrepancia en las cifras generan incertidumbre sobre la viabilidad de la reforma judicial.