Se sembró prisión preventiva y cosechamos hacinamiento

El texto de Guillermo Raúl Zepeda Lecuona, publicado el 3 de Diciembre del 2025 en Jalisco, analiza la crisis del sistema penitenciario mexicano, argumentando que el fracaso de la política criminal se evidencia en los indicadores carcelarios. Se critica cómo el sistema acusatorio, que buscaba despresurizar los tribunales y cárceles al priorizar la mediación y reparación civil para delitos no violentos, ha sido desvirtuado por reformas posteriores.

Las reformas de 2019 y 2024 triplicaron los supuestos de prisión preventiva, llevando a un incremento irracional de la población carcelaria.

📝 Puntos clave

• El sistema acusatorio buscaba resolver delitos no violentos por mediación y reparación civil.
• Reformas recientes han triplicado los casos de prisión preventiva.

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• El número de personas en prisión ha aumentado significativamente, sin mejorar la seguridad.
• Un alto porcentaje de personas en prisión preventiva son absueltas o reciben sanciones menores.
• El hacinamiento es extremo en varios centros penitenciarios, afectando los derechos humanos y la reinserción.
• Los recursos se desvían a delitos no violentos, descuidando la investigación de delitos graves.

🤖 Análisis con Bots

Dice IA en modo bot pesimista:

El texto expone un panorama desolador donde la política criminal ha fracasado rotundamente. Las reformas legislativas, lejos de mejorar el sistema, han exacerbado el problema al triplicar los supuestos de prisión preventiva, generando un hacinamiento crítico en los centros penitenciarios. Esta situación, con 3 de cada 5 personas en condiciones de hacinamiento extremo, como en el centro de Chalco al 625% de su capacidad, imposibilita el respeto a los derechos humanos y la reinserción social. Los recursos se malgastan en procesar delitos no violentos, mientras la seguridad se ve mermada y los delitos graves del crimen organizado quedan impunes.

Dice IA en modo bot optimista:

A pesar de los desafíos, el texto señala la intención original del sistema acusatorio de priorizar la mediación y reparación civil para delitos no violentos, buscando así despresurizar el sistema penal. Si bien las reformas posteriores han generado un incremento en la población carcelaria, la mención de que el 10% de las personas en prisión preventiva resultan absueltas y el 35% reciben sanciones menores, sugiere que aún existe un margen para la justicia y la posibilidad de corregir el rumbo. La identificación de estos problemas es el primer paso para buscar soluciones que permitan una reinserción efectiva y una mayor seguridad para la sociedad.