Este texto de Carla Humphrey, escrito el 3 de diciembre de 2024, describe los desafíos que enfrenta el Instituto Nacional Electoral (INE) en la organización de la primera elección popular de cargos del Poder Judicial Federal en México, conforme al decreto publicado el 16 de septiembre de 2024. El texto destaca la magnitud de la tarea y la necesidad de una estrategia integral para garantizar la transparencia y la legalidad del proceso.
Resumen
El INE enfrenta el reto de organizar la primera elección popular de cargos del Poder Judicial Federal en México, un proceso sin precedentes.
Se han presentado desafíos como la solicitud de suspensiones en juicios de amparo y la negativa a una prórroga de 90 días para la preparación del proceso.
El Consejo General del INE aprobó el Marco Geográfico Electoral el 21 de noviembre de 2024, considerando las diferencias entre la delimitación territorial de las figuras juzgadoras y la geografía electoral.
Se deben definir plazos y términos para el uso del padrón electoral y el listado nominal, con un corte definitivo para el 15 de febrero de 2025.
Se requieren normas novedosas para regular las campañas electorales, considerando la prohibición de financiamiento público o privado y la publicidad en medios de comunicación.
El INE deberá vigilar el cumplimiento de topes de gastos personales y evitar erogaciones de partidos políticos o instituciones públicas a favor o en contra de las candidaturas.
Se deben definir aspectos cruciales de la organización de la elección, como la boleta electoral, la participación de observadores electorales, la ubicación de las casillas, la designación del funcionariado y el cómputo de los votos.
Se requiere una estrategia de difusión para incentivar la participación ciudadana.
El INE debe analizar temas no previstos, como la participación de personas en prisión preventiva, el voto anticipado y la participación de mexicanos en el extranjero.
El INE presentó una acción declarativa ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación sobre la continuación del proceso electoral.
Conclusión
La organización de la elección judicial representa un reto significativo para el INE.
Se requiere una estrategia integral para garantizar la transparencia y la legalidad del proceso.
La ciudadanía debe confiar en el esfuerzo del INE para llevar a buen término este proceso electivo.
La falta de tiempo para la definición de proyectos institucionales representa un desafío adicional.
