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Este texto, escrito por Onel Ortiz Fragoso el 29 de diciembre de 2024, analiza la decisión del Instituto Nacional Electoral (INE) de reducir significativamente el número de casillas para la elección judicial de 2025, y las implicaciones de esta decisión en la legitimidad del proceso. El autor compara la elección judicial con las consultas populares realizadas en México en 2021 y 2022, destacando la baja participación en estas últimas y la posible repercusión en la elección judicial. Finalmente, plantea la necesidad de una mayor inversión para asegurar una participación más amplia.

Resumen

• El INE solicitó 13 mil millones de pesos a la Cámara de Diputados para la elección judicial de 2025, pero solo recibió la mitad.
• El INE decidió instalar 74 mil casillas, menos de la mitad de las proyectadas inicialmente.
• Esta reducción de casillas impactará negativamente la participación ciudadana, comparándola con la baja participación en las consultas populares de 2021 (7%) y 2022 (18%) sobre la revocación de mandato de Andrés Manuel López Obrador.
• La baja participación se atribuye a la falta de casillas y difusión en las consultas populares previas.
• La expectativa inicial era una participación similar a una elección federal intermedia (alrededor del 50%), pero ahora se estima una participación cercana al 20%.
• Legalmente, la baja participación no invalida la elección, pero afecta su legitimidad.
• Se espera que los nuevos jueces tengan el respaldo masivo del pueblo, pero una baja participación limitará su fuerza.
• El autor propone que la Cámara de Diputados y el gobierno federal aumenten el presupuesto para instalar más casillas, mejorar la difusión y la capacitación.

Conclusión

• La reducción de casillas para la elección judicial de 2025 por parte del INE compromete la legitimidad del proceso.
• La baja participación esperada se asemeja a la de las consultas populares previas en México, lo que genera preocupación.
• Es crucial que el gobierno y la Cámara de Diputados respondan a las necesidades del INE para asegurar una mayor participación ciudadana.
• La legitimidad de la elección judicial depende de una mayor inversión en difusión y logística.