Este texto de Miguel Ángel Godínez García, escrito el 20 de diciembre de 2024, analiza la creciente sofisticación y violencia de los cárteles mexicanos, particularmente su uso de minas terrestres, drones explosivos y coches bomba, y las implicaciones políticas de esta situación para el gobierno mexicano. El texto destaca la vulnerabilidad de las fuerzas armadas y la población civil, así como las tensiones internacionales que esto genera.
Resumen:
Múltiples soldados del Ejército mexicano murieron al intentar desactivar minas terrestres colocadas por Cárteles Unidos en Paredes del Ahogado, Michoacán, y por bombas de drones del CJNG.
La violencia se extiende a otros estados como Guerrero, Sinaloa, Guanajuato y Zacatecas, donde el crimen organizado controla territorios que se asemejan a zonas de guerra.
En Michoacán, se atribuye la colocación de minas al Cártel Michoacán Nueva Generación (CMNG), una alianza entre el CJNG y Los Viagras.
El uso de estas tácticas por parte de los cárteles plantea la cuestión de si el gobierno federal, bajo la administración de Claudia Sheinbaum, debería clasificar estas acciones como terrorismo.
Existe inconformidad dentro de las Fuerzas Armadas, que se sienten con la capacidad de enfrentar la amenaza pero perciben una reticencia del gobierno federal por temor a una escalada de violencia y a posibles consecuencias internacionales, incluyendo la posibilidad de que Estados Unidos designe a los cárteles como organizaciones terroristas, como propuso Donald Trump.
El ataque al equipo de Omar García Harfuch en Sinaloa, que resultó en la muerte del agente Halexy Guadalupe, es visto como una advertencia y provocación directa al Estado, atribuido a Alfredo Beltrán Guzmán, "El Mochomito".
El general Ricardo Trevilla advirtió a los soldados contra la colaboración con el crimen organizado.
Conclusión:
La negación de la naturaleza terrorista de las acciones de los cárteles ya no es una opción viable para el gobierno de México.
El gobierno de Sheinbaum enfrenta un dilema: reconocer la situación y asumir las consecuencias políticas o seguir minimizando los hechos.
La discusión sobre la definición de terrorismo en México tiene implicaciones políticas profundas, incluyendo la posibilidad de una mayor cooperación internacional.
La situación pone en riesgo la gobernabilidad del país y la vida de los soldados y civiles.
